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El año pasado, en marzo, fue secuestrado y golpeado por pintar unos grafitis que dejaban claro que su ayllu, Cala Cala, no era parte del distrito Coroma, en Potosí. Con esa acción, Jacobo Copa Mamani recalcaba que la extracción minera en su territorio no podía ser consultada a autoridades ajenas a su zona.

La acción le costó un secuestro de 18 horas y golpes que, según documentación judicial, atribuye a Edmundo y Omar Yucra. Copa dice que ambos tienen lazos con la dirigencia de Coroma, que ha permitido el ingreso de la Cooperativa Minera Huarimarca, pero que también tienen relaciones familiares con las personas de esa minera.

Presentó su caso a la instancia judicial, pero dice que Adhemar Cabañero, juez cautelar de Uyuni, se 'lavó las manos' y derivó la denuncia a la justicia indígena, que como máxima sanción impondrá que los litigantes se den la mano.

"En la justicia indígena no hay castigo. Tengo que darme la mano con los que me secuestraron y torturaron porque me pillaron solo. Tengo que dejar un precedente. Saltaron a una comunidad y llegaron a mi ayllu. Me da rabia y tengo miedo de andar solo porque ellos están libres. Quiero que dejen de reírse en mi cara. Tienen mucho poder político, también en el Territorio Indígena Originario y Campesino (TIOC) de Coroma. Quiero que sean juzgados por la justicia ordinaria", insistió.

Actualmente, la molestia de Copa ha ido cobrando más fuerza, y junto con otras personas han tapiado, desde el 28 de junio, el juzgado cautelar de Uyuni, donde trabaja Cabañero. 

Además del caso de Copa, exigen justicia por la muerte de cuatro personas, un taxista, dos niños y una mujer, que colisionaron, según Copa, con el vehículo del alcalde de Uyuni, Eusebio López Martínez, que en ese momento era conducido por el chofer, y que fue declarado inocente por el mismo juez.

Las denuncias de Copa también fueron recogidas por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), que solicitó medida cautelar para Jacobo, y que elevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, Copa dice que no confía en la CIDH, a la que ha visto proceder de formas cuestionables en otras situaciones.