Una vez conseguida la sentencia de 10 años en contra de la expresidenta Jeanine Añez por un golpe de Estado inexistente, el MAS decidió reactivar el acoso en contra de los líderes de la oposición que participaron en las protestas de 2019 o que fueron parte del proceso de pacificación ocurrido luego de la renuncia del entonces presidente Evo
Morales.

Para lograr su objetivo ha puesto en movimiento a sus dos principales operadores: la Fiscalía del Estado, que ya ha convocado a declarar a Ricardo Paz, Samuel Doria Medina y Jerjes Justiniano; y a la exdiputada Lidia Patty, quien ha pedido la aprehensión de Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, entre otros.

La intención es involucrarlos en el caso denominado “golpe I”, en el que también Jeanine Añez es la principal acusada de terrorismo, sedición y conspiración.

Ya el juicio contra Añez puso al gobierno de Luis Arce en el ojo de la comunidad internacional porque se vulneró el debido proceso y se juzgó a una expresidenta por la vía ordinaria, pese a que le correspondía un juicio de responsabilidades. Es previsible que esta nueva arremetida contra expresidentes constitucionales de Bolivia, como lo fueron Mesa y Quiroga, levante otra ola de rechazo internacional.

Precisamente por eso, es incomprensible la actitud de Arce que, en vez de mostrarse como un gobernante democrático y tolerante, prefiere proyectar una imagen autoritaria hacia el mundo.

Esta nueva fase de acoso a los opositores llega en momentos en que el MAS atraviesa por una profunda crisis interna, que amenaza su integridad, por lo que es probable que la persecución a los opositores tenga el objetivo de cambiar la agenda pública del país. En todo caso, el tema de la pugna del MAS no dejará de existir y tampoco se podrán borrar los nexos de algunos efectivos antidroga con Misael Nallar, acusado de asesinar a tres policías a sangre fría.

Ahora que se amplió la persecución a otros actores de la crisis de 2019, queda claro que el MAS va por todos. Que no se conformará con tener presa a Jeanine Añez y que cerrará el círculo en contra de políticos, activistas y ciudadanos que participaron en las protestas que obligaron a Morales a renunciar al cargo.

En lo que parece ser un intento de contraofensiva, el expresidente Mesa apunta justamente a Evo Morales como el responsable de la crisis; por eso decidió demandarlo por haber abandonado el cargo y haber incumplido sus deberes. No es difícil predecir que esa denuncia dormirá el sueño de los justos hasta que finalmente será archivada por la Fiscalía. La justicia y el Ministerio Público son operadores políticos en los que no se puede confiar.