Ha comenzado, en el contexto de la lucha interna en el MAS, una fuerte disputa que crece a medida que transcurren las horas y que deja al descubierto las presuntas vinculaciones entre ese partido y el narcotráfico.

Esta confrontación política interna, que tiene como contendores, dentro del partido de gobierno, a los denominados “renovadores”, que respaldan al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, y a los seguidores incondicionales del expresidente y líder cocalero Evo Morales, se ha profundizado con una dura denuncia del diputado oficialista Rolando Cuellar. 

Según este legislador, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, ha recibido dinero de un narcotraficante extranjero para las campañas electorales desde 2014. Eso es lo que consta en una nota de agradecimiento, presentada por Cuellar, de García al narcotraficante Miguel Ángel Salazar Yavi, cuya verdadera identidad es José Miguel Farfán, conocido como el Chapo del Cono Sur. Este delincuente, de acuerdo con la denuncia, habría realizado “grandes contribuciones económicas” al partido gobernante para fines de campaña electoral. Por supuesto, la corriente que respalda al evismo ha salido inmediatamente al frente no sólo para descalificar a Cuellar, como si un ataque ad hominem pudiera frenar esta denuncia, sino también para afirmar que la carta exhibida por el diputado ha sido fraguada.

No cabe duda alguna de que esta denuncia debe ser investigada, porque se trata de una acusación muy seria: vincula al partido de gobierno, supuestamente, con los aportes de un narcotraficante. Por supuesto, tendrá que ser determinada la autenticidad de tal documento. No obstante, es pertinente recordar que tras el retorno de la democracia, en 1985, sindicaciones no tan contundentes como la de Cuellar condujeron a grandes escándalos políticos, como por ejemplo el conocido caso “narcovínculos”, que terminó con un connotado dirigente partidario en la cárcel. 

La acusación está estrechamente vinculada con lo electoral y, como han sugerido parlamentarios de oposición, el Tribunal Supremo Electoral debería tomar cartas en el asunto, pues la misiva expresa que el MAS ha recibido dinero del narcotráfico para sus campañas desde 2014. La normativa al respecto es clara y determina que si una fuerza política aceptara financiamiento que no esté justificado ni en el marco de la ley debería perder su personería jurídica. 

La denuncia de Cuellar —no es un diputado opositor, sino oficialista—, que da una idea de la feroz pelea interna en el masismo, y también el caso Porongo, que tiene al acaudalado Misael Nallar como principal imputado, revelan que el narcotráfico, gradualmente, deja su habitual estado oscuro y subterráneo para irrumpir con cada vez mayor fuerza en el país. Con las acusaciones del legislador masista, se ha reactivado la narcopolítica, que suele causar mucho luto y dolor en las sociedades que no logran ponerle un freno y erradicarla cuando todavía es posible.