El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, tiene dos procesos en su contra por la crisis de 2019.
La primera, conocida como “golpe de Estado I” es impulsada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra la expresidenta Jeanine Áñez y que se pidió su ampliación a otros líderes políticos. Además de Mesa, están el exmandatario Jorge Quiroga; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exrector de la UMSA, Waldo Albarracín; el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina; y el exviceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca.
Una segunda denuncia es la que se presentó en la Fiscalía General de Sucre por el denominado Comité de Sacaba y Senkata por los delitos de atentado contra altas autoridades, conspiración, asociación delictuosa, terrorismo y genocidio.
El secretario General de la Fiscalía, Edwin Quispe, informó que se remitió la denuncia a la Unidad de Análisis de La Paz para determinar si se abre un proceso penal en la vía ordinaria. Dijo que la denuncia es contra Mesa, Quiroga, Doria Medina y exministros.
A su vez, descartó un juicio de responsabilidades o de privilegio en su contra porque solo se aplica en hechos cometidos por el presidente del Estado, vicepresidente o magistrados.
“La Unidad de Análisis está realizando la revisión correspondiente de los hechos que se han argumentado y las pruebas que han acompañado y, en virtud de aquello, en función de lo que establece el Código de Procedimiento Penal, dispondrá la apertura del caso o realizar las observaciones para que sean subsanadas”, acotó.
Estimó que hasta el viernes se podría tener una respuesta de la Unidad de Análisis para abrir o no un nuevo proceso o, en su defecto, “sumar a los casos que ya se encuentran abiertos”. Aclaró que esta nueva denuncia no tiene ninguna relación con el caso “golpe I” ni “golpe II”, este último que ya tiene sentencia.
ALERTA
Mesa advirtió que se intenta reabrir una nueva persecusión para llevar presos a los líderes de la oposición. Anunció también la presentación de una denuncia en contra del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por incumplimiento de deberes en 2019 tras su renuncia, en medio de los conflictos. Considera que el caso “golpe I” es un proceso “falso” con un equipo de juristas que solo responde al mandato de Morales, quien dijo es el “verdadero responsable” de la crisis de 2019. Aseguró que “siempre” estará presente cuando sea convocado.
“Nosotros no nos defendemos, nosotros acusamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera de ser los responsables de un fraude, lo hemos hecho ya y se ha desechado como no era de otra manera por el gobierno de Luis Arce, y acusaremos al expresidente Evo Morales en función de algo fundamental: incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo no cumpliendo su responsabilidad básica y escapar del país. El culpable es él (Morales), es un tema que lo llevaremos adelante”, dijo.
En el marco del caso denominado “golpe I”, ayer se presentó a declarar Ricardo Paz, asesor político del expresidente y líder de CC, Carlos Mesa.
Acudió a la Fiscalía para responder como testigo y, en su declaración, dijo que este proceso “no tiene razón de ser” debido a que no hubo golpe de Estado.
Respecto a los hechos de 2019, Paz, según Brújula Digital, reiteró que hubo una sucesión constitucional, por parte de Áñez, tras la renuncia de Morales a la Presidencia del país, después de que fue acusado de cometer un fraude electoral en los comicios generales de octubre de ese año.
Observaciones a trámites
Los dos procesos, uno de ampliación del caso “golpe I” y otro nuevo presentado en Sucre tienen observaciones que frenan su tramitación en la Fiscalía.
En ambos casos deben subsanar los errores, que son similares por la falta de individualización de los delitos.
En La Paz, el Ministerio Público observó la ampliación que hizo la exdiputada del MAS Lidia Patty por la falta de individualización de la conducta de cada uno de los implicados “con carácter previo” y “subsumirlas a los tipos penales que señala que son instigación pública a delinquir y seducción de tropas.
La Fiscalía General observó la denuncia del denominado Comité Impulsor, representado por Rolando Cruz, Eduardo Coria, Ruth Huanca, Cecilia Pacífico, Fabiola Mendoza y Gloria Peñaranda, del 28 de junio.
En este caso, el plazo es de 24 horas.
