Los voceros del oficialismo repiten una y otra vez que no hay nada qué discutir en torno a la repostulación del presidente Morales y que todo está oleado y sacramentado por decisión del Tribunal Constitucional, que se convirtió en el hazmerreír en distintos foros internacionales, por considerar un derecho humano la reelección indefinida.

El régimen boliviano persiste en su intención de violar la Constitución Política del Estado, algo que conlleva un riesgo muy grande para el país, pues no solo se acrecienta la molestia ciudadana, sino que expone al sistema político al desconocimiento, la censura y la condena como está sucediendo con otros gobiernos que violan cotidianamente los derechos humanos para mantenerse en el poder.

Afortunadamente los aspirantes a dictadores no tienen razón y todavía queda tiempo, legalidad y... ojalá, un mínimo de dignidad en las instituciones democráticas para impedir que se consume este atentado a la democracia, el primero de la magnitud del que se produjo en 1980, cuando un golpe militar desconoció los resultados de las elecciones generales que debían marcar la recuperación del estado de derecho en el país.

Por un lado está la fuerza de la gente que cada vez se vuelve más contundente e inspiradora y al mismo tiempo incómoda para los que ya no hallan cómo convencer de que tienen la legitimidad para continuar en el poder. Solo les queda la fuerza que proviene de las armas, la violencia y las amenazas, como las que acaba de lanzar la Policía y que afortunadamente tuvo que retractarse porque nadie quiere que se produzca  en Bolivia lo que sucede en Nicaragua.

Desde el punto de vista de la legalidad, no hay duda que la gran responsabilidad radica en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la entidad que debe tomar las decisiones más trascendentales desde el retorno de la democracia en 1982. De lo que ellos digan depende la ruptura o la continuidad del orden constitucional, la construcción democrática o el retorno al régimen de facto, pues no hay otra cosa más que el capricho de un individuo y de un grupo detrás de esta ebriedad de poder.

El TSE tiene que decidir dos asuntos trascendentales, por un lado la ratificación de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que lleva en sí mismo un mandato vinculante de impedir un cambio constitucional y por ende, prohibir la repostulación que busca el oficialismo. Este hecho no es nada insignificante, pues se trata de hacer prevalecer la voluntad popular, la esencia más palpable de la democracia, respetar el voto y mantener vigente la soberanía el pueblo, sin los cuales la democracia carece de sentido y se vuelve un gobierno de facto.

La consecuencia natural de esta primera determinación, que se vuelve urgente porque puede llevar a la pacificación y la estabilidad del país, es la notificación al presidente Morales de que el TSE está imposibilitado de inscribir una cuarta candidatura a la primera magistratura. Seguramente existen algunos procedimientos y prerrogativas que se deben cumplir, algunas formas institucionales y reglas, pero no hay duda que puede darse una señal a los bolivianos que produzca tranquilidad y que impida que se enrarezca más el clima político nacional.

Desde el punto de vista de la legalidad, no hay duda que la gran responsabilidad radica en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la entidad que debe tomar las decisiones más trascendentales desde el retorno de la democracia en 1982. De lo que ellos digan depende la ruptura o la continuidad del orden constitucional.