La justicia históricamente fue, es y será “funcional” al poder político de turno; sea este: local, departamental o nacional. No existen imprecisiones en el informe del relator García-Sayán sobre nuestro sistema judicial. Si hoy tenemos más de 500 jueces en Bolivia sin haber dado exámenes para estar en sus cargos (reinstitucionalizarse), entonces no queda otro camino que destituirlos. Esperar a que rindan exámenes hasta fin de año es forzar su permanencia cuando sabemos que con esos operadores se llegó a los niveles en los que ahora se critica nuestra (in) justicia en los escenarios internacionales.

No tengo dudas de que existen excelentes administradores de justicia en Bolivia; sin embargo, la justicia necesita ya de un cambio generacional, ya no con los mismos operadores, si se los desvincula hoy (a más de 500 jueces) de seguro se sobrecargarán los despachos judiciales por la carga procesal; sin embargo, deben asumirse medidas de contingencia inmediatas: debe aprobarse una ley corta de suspensión de plazos procesales de 90 días, tiempo en que se convoca y elige a 500 nuevos jueces y la cantidad necesaria para tener de igual modo fiscales institucionalizados (de carrera).

En general la injerencia política (sin factura) seguirá operando mientras la elección de máximas autoridades del judicial dependa solo de un filtro político. Esta modalidad debe corregirse en la siguiente elección de magistrados, cuyo proceso de selección debe ser participativo con: la sociedad civil, colegios de profesionales, universidades y medios de prensa.

La necesidad de incremento en el presupuesto judicial es importante y garantizarles además a los buenos y a los nuevos operadores carrera judicial; así entonces se garantice una “reestructuración judicial”, no parches en reformas, ni cumbres o comisiones. Se le debe hablar con la verdad al pueblo boliviano.

Existen elementos coincidentes que surgen a raíz de la oportunidad de refundar o refundir a la justicia, que no debe ser decisión solo de los partidos políticos, a partir de cuando menos cinco ejes de acción: reestructuración de ese más de 50% que hasta ahora no es un juez institucionalizado, un compendio normativo que bajo el principio de legalidad materialice la reforma, reordenamiento procesal desde la ubicación (y creación) de (más) juzgados hasta la tecnologización procesal para la optimización de la transparencia procesal vía electrónica, incremento presupuestario de cuando menos el doble del que se tiene y meritocracia judicial.