En medio de una temperatura ambiente con bastante frío por vientos del sur, Santa Cruz se volcó a las calles la noche del martes como lo hace pocas veces, con un grito compartido para decirle no al narcotráfico, no al crimen que viene junto con el tráfico de drogas, y para exigir una verdadera justicia imparcial en Bolivia.

El recorrido desde la Plazuela del Estudiante hasta la Plaza 24 de Septiembre, donde hubo algunos discursos, simboliza el cansancio de un pueblo con las cada vez más frecuentes muestras de una presencia ya casi normalizada del narcotráfico en la vida nacional.

Personas de diferentes condiciones, jóvenes, mujeres, adultos mayores, se juntaron en respuesta al llamado del Comité Cívico pro Santa Cruz y de manera pacífica, pero con gritos, banderas y pancartas, se expresaron para que no se encubra más desde el poder político las operaciones de los narcotraficantes. En la memoria de todos los asistentes permanecía fresco el recuerdo de lo que había pasado exactamente una semana antes en Porongo, donde el crimen organizado -no se le puede llamar de otra manera por el poder económico y de armas que ostenta y sus vínculos directos con el narcotráfico- ejecutó de una manera cobarde, con disparos por la espalda, y cuando permanecían de rodillas, a tres efectivos de la Policía.

Pese a que pasó una semana, el Gobierno no le dijo a los bolivianos qué ocurrió exactamente en ese lugar en aquel feriado por la celebración del año nuevo aimara; no se esclareció el crimen, no se presentó a los autores materiales e intelectuales de la muerte de esos tres policías cuyos restos fueron cargados en una camioneta.

El susto, la impotencia, la preocupación porque ahora viven en un estado de permanente inseguridad, llevó a toda esa gente la noche del martes a recorrer la ciudad y concentrarse en la Plaza 24 de Septiembre a reclamar por su derecho a vivir en paz y tranquilidad.

Muchos ciudadanos, principalmente, los mayores, comparan el momento que hoy está viviendo Bolivia con 1986, cuando el narcotráfico estaba tan instalado en la sociedad que su presencia había prácticamente adormecido a los habitantes de las ciudades hasta que un brutal crimen en las serranías de Huanchaca hizo despertar sobresaltado principalmente a Santa Cruz, que se volcó a las calles para decirle basta a las mafias traficantes de la droga.

Lo ocurrido en Porongo el 21 de junio es un campanazo similar al de hace 36 años que ha provocado en la sociedad también el mismo efecto de aquel tiempo: la conciencia de que el crimen organizado se pasea impunemente por las calles de la ciudad, ahora la tienen todos y no están dispuestos a aceptar que nada cambie ni a resignarse a convivir con el miedo y la muerte.
Pero esa protesta no es un grito al aire; tiene un destinatario y es el Gobierno, que por mandato tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, de erradicar la droga y sus fabricantes y comercializadores, de darle seguridad a la población. No es una concesión.

La presencia de políticos en el Gobierno no es una licencia para hacer lo que les parezca; llegan allí con obligaciones y responsabilidades que cumplir. Y hasta ahora, el Gobierno no lo está demostrando en el caso de los policías acribillados; es más, dan señales preocupantes cuando cambian a todo el personal antidroga de la región, pero afirman que se trata de rotaciones de rutina.

El país exige saber la verdad, no necesita más encubrimientos.