La expresidenta Jeanine Áñez debe enfrentar un nuevo proceso por el caso denominado “golpe de Estado I” junto a otros seis políticos contra quienes se amplió la denuncia mientras alista la apelación a su sentencia de 10 años de cárcel en el caso “golpe de Estado II”.
Entre tanto, el pedido que está siendo analizado por la Fiscalía, impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty y el Comité de Sacaba Senkata, deja observaciones en las víctimas de las masacres.
La situación legal de la exmandataria tensiona las relaciones de Bolivia con Brasil, luego del ofrecimiento del presidente Jair Bolsonaro de asilo y al calificar de injusto el juicio en su contra. Ayer se pronunció el canciller boliviano Rogelio Mayta, quien a tiempo de anunciar que se está trabajando en un “reclamo diplomático” aclaró, citado por ERBOL, que “bajo ningún concepto” se aceptará la injerencia en las decisiones que soberanamente corresponden a la justicia boliviana.
“Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes, hace una inapropiada injerencia en asuntos internos, no respeta las formas de relacionamiento entre Estados y no coincide con las relaciones de buena vecindad y respeto mutuo entre Brasil y Bolivia”, dijo.
Recordó que sobre Áñez pesan “cargos criminales” que se tramitan en instancias judiciales y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la primera entidad en investigar los sucesos de noviembre de 2019, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres y, por tanto, delitos de lesa humanidad.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción de Áñez a la presidencia y que dejaron al menos 38 muertos por armas de fuego.
Dijo también que el 14 de noviembre de 2019, al tercer día de su mandato, la expresidenta firmó el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad del Estado.
“La impunidad es inadmisible, en esta ocasión queremos ratificar el compromiso de Bolivia para lograr el respeto de los derechos humanos que hubiesen sido trasgredidos en esos lamentables días de 2019, tal cual han expresado las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, acotó.
PROCESOS
Por otro lado, Patty explicó que pidió a la Fiscalía la aprehensión y la emisión de la alerta migratoria, ante riesgo de fuga, contra los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, además del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, el excandidato y líder de Unidad Nacional (UN), el empresario Samuel Doria Medina, y el asambleísta departamental de La Paz Israel Alanoca.
Son acusado por al menos cuatro delitos, entre ellos seducción de tropa, instigación pública a delinquir, reportó ABI.
El abogado Jorge Nina dijo que el memorial es para la denuncia ampliatoria contra Áñez y la aprehensión de otros presuntos implicados.
El denominado Comité de Sacaba y Senkata también informó de la presentación, en la Fiscalía General del Estado, en Sucre, de la denuncia ampliatoria. En su documento también está incluido el exlíder cívico potosino y excandidato Marco Pumari, además del gabinete de entonces, sin embargo las víctimas desconocen a los miembros de esta organización y aseguran que no son parte del pedido de ampliación que se hizo.
El representante de las víctimas, David Inca, explicó que no representa al sector y no tiene representatividad en este caso.
Desde Comunidad Ciudadana (CC) descalificaron el caso “golpe de Estado I”, en el que su presidente Carlos Mesa es procesado.
Dijeron, según Brújula Digital, que es un juicio falso, fraudulento y montado. A su vez, advirtieron que el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera cometieron delitos al “huir” del país sin esperar que la Asamblea considere su renuncia.
El jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, dijo que se los quiere hacer ver “como terroristas”.
