La Asamblea Legislativa Departamental amplió por un año el trabajo de la Comisión Especial de Tierra, Territorio y Recursos Naturales, y reactivó el trabajo de fiscalización y verificación de asentamientos ilegales denunciados por la Comunidad Indígena Chiquitana ‘Guadalupana’ del municipio de Pailón, al este del departamento de Santa Cruz.​

Yelly Baldivieso, asambleísta departamental y miembro de la comisión, quien se trasladó a la zona con sus pares del pueblo indígena chiquitano, Aida Gil e Iván Quezada, informó que luego de ingresar a unos 40 km de la comunidad El Tinto, se pudo evidenciar la existencia de algunas carpas y viviendas precarias hechas por los originarios del lugar.

“Ellos nos han comunicado que, en días pasados, justamente los días feriados, vino gente de los interculturales y policías a sacarlos de este lugar, vinieron con una resolución de asentamiento y nosotros, como asambleístas departamentales, estamos realizando la inspección, la fiscalización del lugar. Podemos evidenciar que estas personas no están en el lugar. Nos informan que vinieron con resolución de desalojo emitida por el INRA, con policías a sacar a nuestra gente originaria. Veremos este tema y siempre apegados a las normas y las leyes para ayudar a nuestra gente chiquitana”, expresó Baldivieso.

Al respecto, el Secretario de Tierra y Territorio de la Central Indígena Chiquitana de Pailón, Celín Fernando Urquiza, expresó que ellos fueron desalojados del lugar por orden del INRA. “Nosotros estamos en todo nuestro derecho de tener, como la ley manda, un pedazo de tierra; somos originarios y oriundos de nuestra comunidad, chiquitanos. El Gobierno mandó gente ajena a nuestro municipio, a nuestra comunidad para que nos desalojen de nuestra propia casa. Han utilizado los dos feriados para desalojarnos, llegaron 100 policías en 15 camionetas”, afirmó.

De la verificación realizada junto a la Comisión de Tierra de la ALD, Urquiza comentó que, constataron que no hay presencia de personas. “Solamente han venido, nos han sacado y se han ido, no han permanecido en el lugar. Nosotros vamos a ejercer nuestro derecho y volver a tomar posesión. Esta gente viene de Potosí, Oruro y de Argentina, ellos mismos lo han dicho, esto no es legal, no es constitucional que venga gente ajena y nos coarten nuestros derechos. El presidente, mediante el INRA, está permitiendo esto; utilizan a esta institución para cometer estos atropellos contra los indígenas originarios”, afirmó.