Que Evo Morales revelara que el juicio ordinario contra Jeanine Áñez se decidió en una reunión con el presidente Luis Arce; el ministro de justicia, Iván Lima, y dirigentes de ese partido político no sólo prueba la intromisión política en el poder judicial, sino también invalida la sentencia por falta de independencia del tribunal.

La independencia judicial es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso y su ausencia genera desconfianza y temor en la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que “cuando no existe independencia en esta faceta se presentan situaciones de subordinación o dependencia de otros poderes o instituciones ajenas a la entidad de justicia que debería ser independiente”. La independencia con la que debe operar el poder judicial resulta “esencial para el ejercicio de sus funciones”. Los imputados tienen el derecho a que los jueces que resuelven sus controversias sean y aparenten ser independientes.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura reconocen que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es, precisamente, la garantía de la independencia de los jueces y que, para tales efectos, los diferentes sistemas han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitución. Y de la independencia judicial se derivan tres garantías imprescindibles: un adecuado proceso de nombramiento, la inmovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas (Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, 2001). 

En Bolivia, ninguna de estas tres garantías se cumple ya que la elección popular de las altas cortes ha echado por la borda la institucionalidad y la meritocracia que son las condiciones básicas para tener un sistema de justicia independiente, eficiente, moderno, predecible y transparente. Los jueces provisorios y temporales son, por definición, elegidos y destituidos de forma distinta a los jueces titulares y no cuentan con una permanencia ilimitada en el cargo. Según el informe de Diego García-Sayán, los jueces transitorios superan a los 500 (casi el 50%) y está demostrado que una alta tasa de provisionalidad conspira contra una conducta independiente de jueces y juezas. 

En cuanto a la garantía contra presiones externas (como es el caso de la sentencia contra Jeanine Áñez), los referidos principios básicos establecen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan “basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” (Caso López Lone y otros vs. Honduras, 2015).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es terminante en el sentido de que “el Estado debe abstenerse de realizar injerencias indebidas sea en el poder judicial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez específico y debe prevenir dichas injerencias e investigar y sancionar a quienes las cometan” (Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, 2009). Por tanto, toda persona sujeta a juicio deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete.

La presión política al tribunal, que dictó sentencia, quedó en evidencia desde el principio. El MAS decidió la detención de Jeanine Áñez en la cárcel de la ciudad de La Paz sin causa abierta, que estaba bien de salud y que no tenía derecho a enfermarse. La intervención del Gobierno evidencia (una vez más) no sólo el nivel de sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo, sino también muestra, de cuerpo entero, la venganza política del gobierno del MAS.

El Gobierno no solamente usa y abusa del aparato judicial, sino que además ha degradado de tal forma el sistema de justicia que ha distorsionado y cambiado los principios del sistema penal. En los hechos (que son los que cuentan), se presume la culpabilidad, se impone la autoincriminación, existe violencia (física y psicológica), etc. De ahí por qué la sentencia condenatoria contra Jeanine Áñez es insostenible en el tiempo y está herida de muerte.