Nuevamente el grito: “Bolivia dijo No” fue utilizado en una concentración ciudadana convocada por los líderes cívicos en repudio al narcotráfico. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, utilizó ayer la frase que fue acuñada durante el referéndum del 21 F, para llamar a la población a estar en una permanente movilización para evitar que Bolivia se convierta en la república de la cocaína y que rechace formar parte de un narco estado.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional, porque el pueblo boliviano no quiere convertirse en un narco Estado. Lamentablemente todos los poderes del Estado están sometidos al partido de Gobierno. Por eso, ayúdenme a gritarle al mundo entero desde Santa Cruz y a nombre de todo el país que, ante la injusticia, persecución política y el narcotráfico, Bolivia dice no”, dijo Calvo ante miles de personas reunidas en la plaza 24 de Septiembre después de marchar desde la plaza del Estudiante en repudio al narcotráfico.

Además, se exige el esclarecimiento del asesinato de dos efectivos de la Policía y un miembro del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) ocurrido el pasado martes 21 de junio en Porongo, que es atribuido al narcotráfico, a pesar de que la Policía y el Gobierno aseguran que no existen elementos que permitan vincular la ejecución con los traficantes de droga. Por este caso hay tres personas detenidas, entre ellos el principal acusado, Misael Nallar.

Calvo insistió en que el departamento no aceptará ser parte de un narco Estado. “No queremos ser la república de la cocaína, no aceptaremos la narcopolítica, ni a parlamentarios ligados al narcotráfico”, enfatizó el cívico. En su discurso mencionó el respaldo de instancias internaciones, como la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Precisamente, el último informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc), que se conoció el lunes en Viena, señala que el año pasado la producción de coca en Bolivia se incrementó en un 15%, con lo que superó a países altamente productores de la hoja que es materia prima de la cocaína, como Perú (13%) y Colombia (7%). Según las proyecciones del organismo internacional, las plantaciones de coca superarán las 30.000 hectáreas este año, a pesar de que la ley establece 22.000.

El presidente del Comité también se refirió a la necesidad de impulsar una reforma inmediata de la justicia en Bolivia, pero hasta que eso se concrete se exigirá a los representantes del Ministerio Público, jueces y magistrados que se haga valer la independencia de poderes porque “legitima una verdadera democracia” y en caso de no hacerlo se les solicitará “que den un paso al costado”.

La posición asumida por el dirigente cívico está en sintonía con el informe sobre el estado de la justicia en Bolivia, presentado el martes 21 en Ginebra por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán. El alto personero de la ONU identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de sus vínculos de dependencia con el sistema político del país.

El balance fue presentado en un resumen de 10 observaciones respecto a los resultados de su visita a Bolivia que se produjo en febrero. Señaló, por ejemplo, que “la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción”.

Por su lado, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la masiva asistencia a la marcha es un reflejo de que la ciudadanía ha levantado su voz y ahora lo está haciendo contra el narcotráfico y la justicia que la protege.

Asimismo, sostuvo que el narcotráfico perforó el Estado y sus instituciones, como el Ministerio de Gobierno. “Se protege el tráfico ilícito de drogas porque hay un silencio cómplice y una incoherencia en lo que dice el Ministerio de Gobierno y la Policía con las investigaciones que realizan los medios de comunicación”.

También pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional que conforme una comisión con representantes del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, para que investiguen el asesinato de tres policías ocurrido el martes de la semana pasada en Porongo, supuestamente a manos del narcotráfico.

Postura del oficialismo

Dos diputados del MAS criticaron la convocatoria y posterior movilización impulsada por los cívicos, agregando que en vez de reclamar al Gobierno central deberían reclamar al gobernador cruceño.

“Esta marcha es política porque la derecha, la oposición, no tiene argumentos, están buscando excusas para otra vez convocar a la gente, maniobrar y defender sus intereses. Hasta ahora se ha visto que todo lo que han hecho y han hablado ha fracasado, pero se han agarrado de este tema del narcotráfico para movilizar otra vez a la gente”, dijo el diputado Patricio Mendoza.

Por su lado, el también oficialista Hernán Hinojosa (MAS), dijo que los dirigentes cívicos deberían convocar a marchar reclamando obras en los municipios y por la gestión del gobernador, Luis Fernando Camacho.

“¿Por qué no hacen una marcha para exigir al gobernador de Santa Cruz que haga gestión y obras?, ¿por qué no hacen una marcha para que se apruebe la ley 1386 que en su momento fue abrogada? Esa ley iba directamente a (atacar) las ganancias ilícitas. Que los cívicos se dejen de hacer payasadas”, espetó Hinojosa.

Entre mayo y junio, sectores afines al MAS y autoridades municipales afiliadas al Gobierno de Luis Arce lideraron bloqueos de carretera en San Julián, Cuatro Cañadas y en los valles cruceños para exigir a la Gobernación de Santa Cruz la construcción de carreteras, la dotación del desayuno escolar y redistribución de las regalías por el IDH.

Sectores movilizados

A la marcha convocada por el Comité pro Santa Cruz asistieron representantes de la Gobernación cruceña, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Parlamento Indígena, entre otras instituciones.

La movilización partió al promediar las 18:30 desde inmediaciones de la plaza del Estudiante. Encabezando la columna iban los miembros de la Federación de Fraternidades Cruceñas, seguidos por el Colegio de Abogados, la Unión Juvenil Cruceñista, representantes de los pueblos indígenas de tierras bajas, el sector gremial y el Comité pro Santa Cruz, entre otras instituciones.

El gobernador Luis Fernando Camacho, acompañado por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, marcharon junto a Calvo y otros representantes de la institución cívica.

Los asistentes coparon por lo menos seis cuadras de extensión a lo largo del recorrido que congregó a otras instituciones y colegios de profesionales de Santa Cruz. La movilización, al ritmo de la tamborita y enarbolando banderas con los colores verde y blanco, terminó en la plaza principal con los discursos realizados por Calvo, además de otros líderes cívicos como el presidente del Comité Cívico Provincial, José Ernesto Serrate, la presidenta del Comité Cívico Femenino, Susy Montaño, y el titular de la Unión Juvenil Cruceñista, Oscar Daniel Paz.