El Movimiento Al Socialismo (MAS) reactiva la arremetida en contra de Carlos Mesa, Fernando Camacho, Jorge Tuto Quiroga y otros actores políticos de 2019 para quienes pide su aprehensión; y, además, se reanudan las citaciones para la toma de declaraciones. En tanto, Comunidad Ciudadana (CC) adelantó que interpondrá una demanda contra Evo Morales y Álvaro García Linera por abandonar sus funciones en 2019.

“He presentado ayer (lunes) la ampliación de denuncia, para que aprehendan a expresidentes que han dado el golpe de Estado. También he solicitado alerta migratoria. Después de la sentencia a Añez, hemos ampliado la denuncia porque había molestia del pueblo, de las organizaciones. Ellos han pedido que Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho tienen que acompañar a Añez”, declaró la exdiputada Lidia Patty a Página Siete.

La exlegisladora, que es denunciante en el caso “Golpe I”, apunta también en contra del exrector de la UMSA Waldo Albarracín e Israel Alanoca, que fue viceministro durante el gobierno de Jeanine Añez.

El caso “Golpe I” es por la presunta comisión de sedición, conspiración y terrorismo, y fue abierto en noviembre de 2020.

“Solicito se ordene la aprehensión directa, conforme el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, en contra de: Carlos Mesa Gisbert, Jorge Quiroga Ramírez, Waldo Albarracín, Israel Alanoca y Luis Fernando Camacho, y la misma sea emitida con facultades de allanamiento y habilitación de horas extraordinarias para que puedan comparecer ante su autoridad”, detalla parte del memorial de ampliación de denuncia, presentado el pasado lunes.

Ayer se conoció que Ricardo Paz, exjefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), fue citado a declarar para esta jornada, en el marco del caso “Golpe I”. El estratega, consultado por este medio, indicó que hablará con la prensa cuando concluya sus declaraciones ante la Fiscalía.

El lunes, desde otro frente, el denominado Comité de Víctimas de Senkata y Sacaba presentó ante la Fiscalía una denuncia ampliatoria en contra de líderes opositores y el gabinete de Añez. Sin embargo, David Inca, representante de las víctimas de Senkata, dijo que ese comité no los representa, según Urgente.bo.

El 10 de junio, la expresidenta Añez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso Golpe II, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Tras la emisión del fallo, evistas pidieron activar procesos en contra de otros opositores. El primero en pronunciarse en esa línea fue el jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe, quien el 13 de junio presentó ante los medios una lista de 10 opositores, para que sean procesados en el caso Golpe I. El legislador añadió que aquello fue uno de los puntos acordados en una reunión previa que sostuvieron con el presidente Luis Arce.

Morales, el 12 de junio, reveló que en una reunión entre altas autoridades del Gobierno y del MAS se decidió que Añez sea enjuiciada por Senkata y Sacaba por la vía ordinaria. Al día siguiente, dijo que no descansará hasta que quienes asesinaron, respondan por sus crímenes.

“Seguramente esperan que nos quedemos callados y con los brazos cruzados mientras ellos mienten al pueblo para continuar gozando de impunidad. Nunca vamos a descansar hasta conseguir que los que asesinaron, torturaron y robaron con la Biblia en la mano, respondan por sus crímenes”, publicó Morales en sus redes sociales.

El jefe de bancada de CC en la Cámara Baja, Carlos Alarcón, calificó de persecución y “fraude procesal” la solicitud de ampliar el caso Golpe I a líderes opositores. Adelantó que interpondrán una demanda en contra de Morales y García Linera por abandonar sus funciones en 2019.

“Los autores de delito son Evo Morales, porque cuando renunciaron en lugar de esperar que esa renuncia sea tratada por la Asamblea Legislativa, cometieron delito de abandono de funciones y de incumplimiento de deberes (...). Vamos a asumir el rol de acusadores, por el abandono de funciones e incumplimiento de deberes”, enfatizó.

La senadora Centa Rek, de Creemos, señaló que acudirán a los organismos internacionales para mostrar que hay persecución política en Bolivia. “Vamos a interponer todas las acciones necesarias para comprobar al mundo que en Bolivia hubo fraude electoral y no golpe de Estado. Que juzguen al expresidente Evo Morales y otros que por no encarar las consecuencias del fraude que hicieron, abandonaron funciones”, sostuvo la legisladora.