La justicia, definida como el recto proceder conforme a derecho y razón, ha dejado de existir en Bolivia. No se sabe si se murió sola, probablemente de vergüenza, o si fue asesinada. Lo cierto es que ya no está. En su lugar ha quedado la peculiar visión que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS), que solo considera justo aquello que se aviene a sus intereses.

Y no murió con la antijurídica condena a la expresidenta Jeanine Áñez, que debió ser procesada mediante un juicio de responsabilidades, sino antes, mucho antes incluso de que Evo Morales pisoteara la Constitución Política del Estado para postularse a una reelección para la que ya no tenía derecho, poniendo de cabeza la institucionalidad jurídica del país. Es probable que la justicia se haya muerto cuando venales tribunos interpretaran la Carta Magna no como debía ser, sino como mejor favorecía al entonces gobernante.

En lugar de la justicia distributiva —la que premia o castiga, con igualdad de criterio, según el mérito o demérito de las personas— está el criterio siempre parcializado de un político que es, finalmente, quien decide cómo son las cosas. Si él decide que se debe premiar a alguien, aunque haya vulnerado la ley, así es como se procede; así se actuó con aquellos tribunos que fallaron a favor de Morales antes de las elecciones de 2019.

Ahora, los ejemplos de la justicia del MAS fundiéndose (o confundiéndose) con la justicia nacional saltan a la vista casi a diario. Ahí está, por ejemplo, el caso de las 41 ambulancias que intentó comprar la Gobernación de Potosí: el contrato era para comprar directamente esos vehículos, basándose en la permisividad conferida excepcionalmente en el Decreto Supremo 4432, que señala que ese tipo de adquisiciones “son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de la entidad contratante”. Pese a la claridad de esa norma, la MAE involucrada, el gobernador Jhonny Mamani, sigue desempeñando sus funciones con total normalidad e impunidad, mientras que funcionarios de bajo rango han sido señalados por un proceso en el que no se puede delegar nada, mucho menos la responsabilidad. No obstante, no existen imputados ni detenidos en este asunto.

Veamos, ahora, lo que pasó en las últimas horas con los acusados del secuestro de 17 personas en Las Londras, municipio El Puente de la provincia Guarayos de Santa Cruz, un hecho que se registró el 28 de octubre de 2021. En este caso, que también avanza con lentitud exasperante, el juez de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado Roca, le cambió la detención preventiva a uno de los arrestados, Paulino Camacho Vedia, por una detención domiciliaria sin escolta policial. Se lo considera el más peligroso de los acusados, incluso intentó fugarse disparando al aire, pero al juez venal eso no le ha importado nada.

Desde luego que tal decisión está siendo duramente criticada. Sin embargo, el juez de marras redobló su apuesta y ayer reincidió al liberar a otro de los acusados en el mismo caso, Hebert Sixto Canaza Sacaca; le concedió el mismo beneficio que a Camacho, detención domiciliaria sin escolta policial. Empero, en cuanto a esta persona, existe un dato a considerar: a Canza se lo liberó por un certificado policial que dice que no tiene antecedentes penales; no obstante, este acusado tiene dos procesos pendientes en el mismo juzgado que lo ha liberado.

¿Por qué tanta permisividad? Porque, por una parte, entre los secuestrados de Las Londras hay periodistas; es decir, integrantes de un sector que el MAS ha demostrado no apreciar y, por otro, porque este caso está vinculado a los avasallamientos de tierras en el oriente, en los que están involucrados movimientos sociales afines al partido de gobierno.