El debate impuesto por los diferentes medios nos lleva a la conclusión de que nos encaminamos a un proceso de desinstitucionalización. La inviabilidad en la elección del Defensor del Pueblo, la crisis del sistema judicial, de la autonomía universitaria, la desorientación en las empresas estatales, el desprestigio de las Fuerzas Armadas y la Policía, parecieran confirmar la tesis. Todos claman por la reforma y esta fracasa una y otra vez.

El tener unas instituciones modernas ha fracasado en toda nuestra historia republicana. La conclusión final que sacamos es que ésta no corresponde con nuestra realidad, abigarrada en lo político, económico y cultural. Así surgió el desafío de construir un Estado Plurinacional. Nuestro problema es que dudamos en dar ese paso, ya que sus caminos son desconocidos y pecamos de insistir en lo tradicional.

Veinte años de neoliberalismo fueron no solo del saqueo del país, sino también de reinvento de la República: la reforma judicial (Blattmann) con la creación de los jueces ciudadanos, la ingeniería política: modernizar los partidos políticos, diputados uninominales para una representación ciudadana, consenso político para la elección del presidente y autoridades, Ley SAFCO para evitar la corrupción, Ley de Medio Ambiente que incluye la consulta previa a los pueblos indígenas, Defensor del Pueblo para evitar los abusos desde el Estado, reforma educativa incluyente, etc., etc. Todas fracasaron por la esencia de un Estado señorial y la sociedad partida, con grandes abismos económicos, sociales y culturales.

La construcción del Estado Plurinacional requiere de nuevas instituciones que tengan como principios la igualdad y la participación ciudadana; esta institucionalidad tiene que surgir de la identificación de los poderes fácticos, del choque con las murallas que impiden el avance hacia una mejor distribución de la riqueza, que es la única forma de inclusión de las masas que hoy se encuentran marginadas.

¿Cómo hacer que la riqueza de la minería beneficie con justicia a quienes participan en esta actividad, que no son solo los trabajadores sino las regiones que poseen estos recursos? Solo un conocimiento serio del sector nos dará la respuesta, pero no la ilustración de especialistas, sino la generalización de los conocimientos de todos/todas los involucrados. Así el asalariado se dará cuenta que un recurso natural no solo paga su salario, sino que el mayor valor se va al exterior sin beneficio para el país; de esta manera estaríamos rompiendo la lógica individualista de “yo soluciono mis problemas, del resto no me importa”. Las regiones no solo deben pedir regalías, sino saber lo que se pierden en el desarrollo regional y nacional cuando se permite la exportación de concentrados de minerales, sin fundirlos, ni mucho menos industrializarlos.

Esta ampliación de la democracia al conocimiento, sin duda, abre la posibilidad de identificar nudos que requieren de cambios en las instituciones y las normativas, pero ante todo abre el compromiso de un conglomerado social en la definición de las políticas y a posteriori en el control y la fiscalización, con el único fin de superar el atraso y las desigualdades en la sociedad.

El bloqueo a la elección de autoridades en el parlamento nos retrotrae a la democracia pactada, donde los intereses no se consensuan, sino se negocian: ¿cómo romper el bloqueo? No hay otra salida que ampliar el espectro de decisión, ampliar la democracia, haciendo que los candidatos sean propuestos por organizaciones representativas de la sociedad civil, que avalen no solo el conocimiento, sino la solvencia moral y ética de los candidatos, valoración que tiene que ser precedida de una democracia asambleísta, donde todos se conocen y pueden juzgar con conocimiento a cada uno de los candidatos. Al final será la voluntad popular la que toma las decisiones.

La elección de los miembros de los órganos de Justicia establecidos por la Constitución plurinacional por elección popular es correcta, el cuestionamiento viene en la selección de los candidatos por el Órgano Legislativo, porque se cae de nuevo en el pactismo, por lo que se debiera comenzar eligiendo en forma directa a los jueces de barrio, de distrito, y de esa manera llegar a la elección de magistrados precedidos de una amplia experiencia judicial avalada por la ciudadanía.

Se trata de construir nuevos caminos, para cimentar un nuevo Estado. Cada Estado tiene una estructura que garantiza su reproducción, por lo cual se hace imprescindible buscar alternativas sólidas en la construcción del nuevo Estado y desechar lo corrosivo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.