Las señales que desde hace tiempo emanan del llamado Movimiento al Socialismo (MAS) y de sus alrededores dan cuenta de que su anticipada fractura sigue su curso y cada vez parece menos evitable.

Sus recurrentes desmentidos al respecto, sus angustiadas convocatorias y declaraciones sobre la unidad, lo mismo que la atribución de su situación de ruptura intestina a “infiltrados”, la “derecha”, la “corporación mediática” o el “imperialismo”, son apenas parte de sus hasta ahora fallidos intentos para conjurar tal desenlace.

Es comprensible que a sus responsables, que usufructuaron el poder por tanto tiempo, les cueste asumir su condición actual, así como su muy preocupante porvenir. El problema para ellos, sin embargo, es que continúan reproduciendo las prácticas que en 2019 les condujeron a su derrumbe y a la consiguiente confirmación de su fracaso político.

En su mejor momento de ascenso, entre 2002 y 2009, cuando logró un creciente respaldo electoral tras asumir una identidad prestada, esta agrupación se apropió de las principales demandas colectivas definidas entre las “guerras del agua y el gas” (2000 y 2003) y que se tradujeron en las “agendas” de octubre de 2003 y de junio de 2005, las que incluyeron las autonomías y el cambio constitucional.

Montado sobre la ola del declive de los partidos que a partir de 1985 gestionaron el ajuste estructural, el MAS se ocupó de articular en torno suyo a diversos grupos, algunos con fuertes intereses corporativos (cocaleros, cooperativistas mineros, colonizadores, transportistas y gremiales, entre ellos), y se armó de un discurso no sólo “antineoliberal” sino de inclusión étnica.

Su acceso al gobierno lo utilizó para desplegar una intensa neutralización de todos sus adversarios, reales o potenciales, para lo que el aparato represivo (tribunales, policía y aun fuerzas armadas) fue aprovechado sistemáticamente, a lo que sumó posteriores acuerdos con los grupos dominantes y una millonaria labor propagandística acompañada de la desacreditación y el amedrentamiento ejercidos contra medios informativos que buscaban mantener cierta distancia. Pero un factor clave en esta estructura de control fue la concentración de toda la representatividad política que se arrogó este no-partido en un único individuo: era el gobernante, el principal dirigente del MAS y también de las federaciones de cultivadores de coca del Chapare.

Ese triple protagonismo, en la arquitectura del Estado, el sistema político-formal y el nivel de los “movimientos sociales”, le generó un blindaje que sólo llegó a ser perforado en 2016, momento hasta el cual el citado personaje había sido prácticamente alguien “inmaculado” y, por tanto, incuestionable.

Aquella exacerbada acumulación de poder, que convirtió a la democracia en “hiperrepresentativa” (todos “representados” por uno), se había completado con la sumisión al ejecutivo de la asamblea legislativa, los órganos judicial y electoral, gran parte de los gobiernos subnacionales y de las organizaciones sindicales y sociales, cooptadas o divididas.

No obstante, en paralelo, la polarización político-regional alentada cotidianamente desde el propio gobierno recibió constantes insumos de diversas decisiones oficiales que mostraron la inconsistencia de su retórica con su actuar efectivo. Eso ya había sucedido cuando cedió parte del contenido de la nueva Constitución ante la oposición parlamentaria, y después se manifestó con crudeza en el ataque armado al hotel “Las Américas” de Santa Cruz en 2009, el “gasolinazo” de 2010, la represión de la marcha indígena del TIPNIS en 2011 o, entre otras medidas impopulares, la aprobación de una serie de leyes beneficiosas para el nuevo empresariado minero, los agroindustriales del oriente y las transnacionales del petróleo.

El punto de inflexión llegó en 2016, cuando la mayoría ciudadana repudió la aspiración gubernamental de que se aceptara su requeté-reelección. Y los comicios de 2019, en los que el MAS desconoció flagrantemente ese rechazo soberano, aparte de que manipuló los resultados, desembocaron en su desplome, evidencia tanto de su incompetencia política como de su incapacidad democrática.

El quiebre registrado entonces fue fundamental, pues terminó su larga permanencia en el gobierno, verdadera base (político-económica) de su poder, y las voces que habían estado silenciadas en su interior empezaron a pronunciarse.

Tras la anulación de esas elecciones fraudulentas, las siguientes que se efectuaron en 2020 y las subnacionales de 2021 hicieron aflorar las pugnas masistas por el poder que contrapusieron al menos dos corrientes en su seno: la de la “unidad”, conservadora, autoritaria y nostálgica, y la de la “renovación”, que siente que ha llegado su hora.

El fugado ex gobernante, que encabeza la primera junto a un pequeño círculo de la “oligarquía” (Hervé Do Alto, dixit) de su organización, está hoy fuera de la estructura estatal, lo que le ha devuelto a su entorno inicial, el de los cocaleros; de ahí que esté desesperado por siquiera preservar su puesto directivo en el MAS, agrupación que presenta sus propias fisuras y tendencias.

Así, por una parte, se está haciendo visible una separación entre el “evismo”, el MAS y el “instrumento político”, que antes estaban sujetos al mismo cabecilla. Y, por otra, al margen de sus indisimulables disputas, son claras tanto la fragmentación del grupo gobernante en el órgano ejecutivo y el parlamento, al igual que su debilidad en los principales gobiernos subnacionales y en el espacio de las organizaciones sociales. El plano internacional también se les presenta desfavorable, con solamente despotismos como “amigos” y sin que les consideren integrantes de la “nueva izquierda latinoamericana”. En otras palabras, las condiciones de su anteriormente fácil potenciamiento y casi automática reproducción han mutado.

El camino para su próxima división está, pues, sembrado y se anuncia fértil, lo que no significa que alguno de los pedazos que subsistan vaya a tener las oportunidades de construir hegemonía que perdieron los privilegiados de sus reiterados gobiernos.

Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político