En el origen de las elecciones judiciales no están Fausto Reinaga o René Zavaleta, sino Rousseau y su país de origen, Suiza. También los asesores españoles de la fundación CEPS que asistieron -a fondo, según se ve- en la redacción de la Constitución. Parece que la idea era cambiar de sucursal europea, no desarrollar pensamiento propio. De esto el viceministro de Descolonización no se queja. Es muy comprensivo él.

La ideología rousseauniana de los asesores españoles entroncó con un viaje a Suiza del presidente Morales, en el que “supo que se elegía a los jueces”, según refiere en un texto de 2014 un abogado vinculado al MAS. Suiza, la tierra del ginebrino Rousseau, le ofreció al Presidente la misma invención inoculada por los excitados asesores hispanos.

En documentos publicados por la Vicepresidencia y en otros de difusión no dirigida a Bolivia, esos asesores ratificaron su convicción de separar democracia y liberalismo. Buscaron acentuar la primera y desechar los temores liberales por la concentración del poder. Los asesores ibéricos opusieron Rousseau y su acento radical democrático al escepticismo de Montesquieu (que lo llevó a separar el poder público para limitarlo).

Según esos asesores, Montesquieu y los padres fundadores del constitucionalismo estadounidense infectaron la democracia de conservadurismo y recelo por el poder constituyente. Se trataba, entonces, de perpetuar la sumisión de los poderes constituidos al constituyente. Las constituciones latinoamericanas que nacieron de esas teorías extrajeron de ahí su énfasis en referendos, elecciones judiciales sólo en nuestro caso (los ecuatorianos se negaron), y revocatorios.

El salto intelectual al vacío de las elecciones judiciales nació de un razonamiento elemental: la felicidad pública estaría garantizada si el poder constituyente mandara siempre y eligiera magistrados. No se preguntaron cómo reclutar a los mejores, cómo asegurar su independencia y que no se sometieran al poder prevaleciente o a la platita.

En 2009, en un documento publicado por la Vicepresidencia, el consultor valenciano Martínez Dalmau escribía: “¿Cuál es la legitimidad de ese tribunal constitucional? (...) En el caso boliviano, ni se va a ir por la gerontocracia ni por la designación por el Presidente de la República o el Parlamento, se va a ir por la designación directa del pueblo, el pueblo va a decidir qué magistrados van a formar parte del tribunal constitucional, viendo sus currículums, sus trayectorias, sus publicaciones, y van a votar si quieren que tal persona esté o no. (...) Eso van a poder hacer ustedes con el nuevo proyecto de constitución cuando pase a ser constitución. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Otros aspectos que no existen son, por ejemplo, la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia (...).” Cualquier dejo de condescendencia colonial (“Eso van a poder hacer ustedes -que son tan capos-...”) es responsabilidad del mentado consultor.

Los españolitos jugaron incluso con ideas más extremas. Imaginaron que pudiera ser que la mayoría no deseara reconocer derechos fundamentales a la minoría, como discurre un texto de Albert Noguera, citando a Dworkin. Esos asesores de la Constituyente cargaron además el prurito de que los jueces no podían meterse en las definiciones políticas de un gobierno elegido por la mayoría, menos controlarlo.

Radicalizando la democracia con Rousseau e incrustando la soberanía popular en el Órgano Judicial, se les pasó que había que meditar antes en lo más pedestre: cómo hacer que los tribunales al menos funcionen.

A esos asesores de la Constituyente les habría venido bien laburar en serio o sufrir la justicia boliviana como litigantes, antes de experimentar en cuero y país ajeno. Pero el viceministro no se ha quejado. Bien comprensivo es.