La senadora Cecilia Requena (CC) advirtió que emplearán todos los recursos legales para evitar la devastación de la reserva. No descartan acudir a organismos internacionales.

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Un tractor ensanchó el camino para el ingreso de equipos de exploración gasífera. Foto: Comité de Tierras

La Paz, 25 de junio de 2022 (ANF). – Luego de que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija rechazara la acción popular en defensa de la reserva natural de Tariquía, el Comité Nacional de Defensa del área y el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) anunciaron que impugnarán esa decisión judicial.

“Por supuesto que nosotros vamos a presentar una impugnación y vamos a presentar otra acción popular en defensa del área protegida. Es una lástima que las autoridades judiciales no hayan tomado en cuenta el peligro de las comunidades indígenas”, afirmó Manuel Morales vocero del Conade.

Mientras que la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena advirtió que emplearán todos los recursos legales para evitar que la empresa Servicios Petroleros (Servipetrol) continúe con los trabajos de exploración gasífera en el área protegida. No descartan acudir a organismos internacionales en defensa de la madre tierra.

“Vamos a usar todos los mecanismos que nos franquee la norma y no se descarta acudir a organismos internacionales para frenar el daño que se está haciendo a la reserva de Tariquía”, aseguró la legisladora que visitó el lugar la semana pasada y constató el ingreso de maquinaria pesada para el ensanchamiento de una carretera.

Este viernes, los vocales de dicha sala declararon improcedente la acción popular que tenía el objetivo de frenar la exploración gasífera del pozo Astillero X1 que está en Tariquía. Ese recurso buscaba la abrogación de cuatro leyes que sustentan los contratos de intervención petrolera en esa zona, fue presentada por un grupo de legisladores, juristas y representantes de diferentes instituciones.

“Declara la improcedencia no reglada por incompetencia material para conocer la pretensión de dejar sin efecto las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050 del Estado Plurinacional de Bolivia bajo el epígrafe de Acción Popular”, dice la resolución de ese tribunal.

En ese contexto, Morales cuestionó los argumentos que presentaron los vocales, si bien el Órgano Judicial no puede abrogar normas, en la audiencia hubieran escuchado las vulneraciones contra los pueblos indígenas y a la madre tierra, hecho que hubiera generado que se emitan medidas restrictivas.

“Uno de los vocales presentó argumentos simplones de absoluta subordinación al MAS, entre ellos señala que el Órgano Judicial no abroga leyes, eso lo sabemos. No ingresaron a considerar de fondo del recurso, en la audiencia se hubiera expresado las vulneraciones de los comunarios, del medioambiente y en ese sentido hubieran podido tomar medidas restrictivas”, manifestó.  

Una delegación de legisladores, activistas realizaron una inspección a la reserva donde se pudo evidenciar la presencia de trabajadores de la empresa Servipetrol, maquinaria pesada para el ensanchamiento de caminos y a instalación de una tranca de control y un campamento.

Incluso se observó que existe una gran cantidad de tubos de hierro que serán usados para la exploración gasífera, poniendo en riesgo la flora y fauna de la reserva. Incluso se teme que los residuos químicos contaminen el río Tarija.  

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