“El vicepresidente David Choquehuanca tomará la posta y será quien inaugure el proceso de reforma judicial. El próximo 6 de julio se abrirá este debate con cinco mesas temáticas, incluida una que abordará la forma de elección y designación de los altos magistrados del órgano judicia”, fue lo que según “El Deber” (21/06/2022) anunció el viceministro de Justicia, Cesar Siles.

No sabemos si esta reinauguración del “proceso de reforma judicial”, que ya es la cuarta, será real o si se trata solamente de una salida gubernamental a un momento difícil caracterizado por las críticas y observaciones internacionales a la debacle judicial, que han incomodado grandemente al Gobierno.

Primero fueron los tuits de García-Sayán resultantes de las declaraciones del expresidente Morales del domingo 12, en las que revelaba que las decisiones, sobre el enjuiciamiento a la ex presidenta Áñez, las tomaba el Gobierno en su máximo nivel de conducción, en desmedro absoluto a la independencia judicial. El Relator de la ONU expresó su preocupación ante esas “señales de posible intervención del poder político” en el juicio a Jeanine Áñez, reclamó al mismo tiempo un juicio de responsabilidades como expresidenta, “al margen de cómo surgió su mandato”.

En segundo lugar, fue el “Comunicado” de la misión técnica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que, invitada por el Gobierno para observar el enjuiciamiento de la expresidenta y conocida la sentencia, dio cuenta, el 17 de junio, de seis observaciones preliminares en las que se destacan la inobservancia del principio de legalidad por la acusación de “incumplimiento de deberes; el uso excesivo y acumulativo de la detención preventiva; el incumplimiento de los principios de publicidad e inmediación en las audiencias virtuales; el juzgamiento en rebeldía de los ausentes, violatorio del principio de defensa, y la ausencia de equilibrio procesal dada la intervención acusatoria de cuatro instituciones estatales”.   

Esos criterios tanto del Relator como de la Misión oficial de observación, ambos de la ONU, eran y son un mentís categórico a la reiterada afirmación gubernamental de que se respetó el debido proceso, ya que se violentaron los principios del juez natural, del equilibrio procesal, de defensa y de publicidad, características básicas, precisamente, del debido proceso, establecido en el Art. 115-II de la CPE.  

En tercer lugar, dichas observaciones preliminares fueron asumidas por la Unión Europea (UE)  y la Cancillería Británica el 18 de junio y, finalmente, el lunes 20 en Ginebra García-Sayán leyó su Informe sobre Bolivia, en el que reiteró la ausencia de independencia judicial, la mantenida injerencia política, la falta de acceso y presupuesto, la corrupción, la precariedad de la carrera judicial, el abuso de la detención preventiva, el hacinamiento carcelario y la politización de las elecciones judiciales.

Parece que el Gobierno se abrumó y perdió la compostura. El viceministro Siles el sábado 18 de junio intentó descalificar las observaciones de la Misión de observación calificándolas de “exageradas”, como si se tratara de alguna afirmación casual de algún personero menor. Y el Ministro de Justicia no tuvo mejor idea que llamarlo “a la reflexión” a Diego García-Sayán, como si fuera un funcionario de su dependencia, recordándole que “hay un código que debe cumplir”, calificando como inentendibles y “fuera de contexto” sus afirmaciones vía tuit. 

Y el canciller Mayta se sumó al arrebato. El miércoles 22 de junio comunicó que el “Ministerio de RR.EE. no acepta” los comunicados emitidos por la UE y el Reino Unido que “expresan una posición colonial inaceptable, tergiversan y desnaturalizan el comunicado de la Misión Técnica de la ONU”. 

Pero fue el diputado Arce el que le puso la guinda a esta torta de andanadas gubernamentales, declarando el 22 de junio que “estos documentos e informes que están emitiendo son simples panfletos que no tienen ningún carácter legal ni vinculante (...) muestran una actitud colonialista de injerencia e intromisión”, para concluir en que “no es posible que unos bufones, piratas, vengan al país sin argumentos que descalifican a la justicia”.

Volvamos al inicio. Después de semejantes criterios gubernamentales en respuesta a la opinión de Naciones Unidas con respecto a la justicia boliviana, ¿podrá el vicepresidente Choquehuanca reinaugurar el proceso de reforma judicial? ¿Creerá acaso el Gobierno en ese proceso y en esa reforma?

Lo que queda claro es que el país clama una reforma judicial, estructural y verdadera, y que la misma sólo vendrá desde la gente con el referendo constitucional por iniciativa ciudadana.