Después de largos años de contemplación condescendiente de los organismos internacionales con el gobierno del Movimiento Al Socialismo, por fin escuchamos voces de alarma por el deterioro de los Derechos Humanos en Bolivia. En el pasado, a su turno las representaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecidas en el país se abstuvieron de emitir observaciones claras, contundentes y oportunas; por su simpatía indisimulada con el presidente EMA, prefirieron mirar para otro lado ante las graves violaciones a los DDHH que se denunciaban; la incorporación de militantes del MAS entre los trabajadores de la institución fueron señales inconfundibles de dichas simpatías. Las pocas observaciones que encontramos son las que realizó la Sra. Navy Pillay en ocasión de su corta visita a Bolivia, en la que entre otras cosas, aún reconociendo como un avance importante la aprobación de la Ley contra el Racismo, advirtió que  “la prohibición de diseminación de ideas racistas, si no está adecuadamente regulada, puede afectar el derecho a la libertad de expresión”. 

En efecto, hoy esa ley es nada más que en un instrumento para perseguir judicialmente a quienes tienen una opinión contraria al gobierno o a las acciones de sus militantes. La falta de acceso a la justicia, la impunidad no solo en los casos de violaciones a los derechos humanos del pasado, sino también en casos recientes fueron señalados como preocupantes; precisó que en la lucha contra la impunidad en todos los crímenes, incluida la corrupción, es crucial el respeto de principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo. 

Como es muy propio de gobiernos antidemocráticos, ninguna recomendación fue atendida; al contrario, las cosas fueron para peor y la comunidad internacional guardó silencio hasta ahora que la situación llegó a niveles de descaro absoluto, no existe ni el más mínimo atisbo de independencia judicial, de lucha contra la corrupción, contra la trata de mujeres y niños/as, el narcotráfico, los atentados contra el medio ambiente, el contrabando y otros. Al contrario, toda la artillería gubernamental está dirigida a curar las heridas emocionales de Evo Morales ocasionadas por Jeanine Áñez al asumir la presidencia ante la huida de aquel y a replicar el modelo cubano con todo lo que de miseria y negación de derechos y libertades conlleva. No existe intención alguna de dotar al Estado de institucionalidad; la prepotencia reforzada por la ignorancia de los operadores del oficialismo y la ausencia de una oposición estructurada nos lleva a pensar que en Bolivia la democracia agoniza.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontaño@gmail.com