Con el fin de evitar las tareas de exploración petrolera en la Reserva Nacional de Fauna y Flora de Tariquía, sus defensores, activistas que han realizado constantes manifestaciones públicas, presentaron la pasada semana una acción popular, contemplada en la Constitución Política del Estado, para frenar esos trabajos que ya han comenzado. La acción popular es un recurso contra personas o autoridades que vulneren o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el medio ambiente, en este caso específico. 

Como era previsible, y considerando que la justicia es sumisa al Gobierno, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija no ha otorgado tutela a esta acción, interpuesta en la vía más expedita para frenar esos trabajos, y ha argumentado, en torno al petitorio de la acción popular, que ese cuerpo colegiado no está facultado para abrogar las leyes en las cuales se fundamenta el ingreso a la reserva natural. Aunque los afectados con el rechazo de la justicia genuflexa ante el poder han anunciado que impugnarán esa decisión judicial, no es difícil prever que nuevamente les negarán la tutela. La empresa Servicios Petroleros, en consecuencia, permanece en la zona, que según las explicaciones oficiales afecta un área minúscula de esta prodigiosa reserva de biodiversidad, pero que según una comisión legislativa que se ha trasladado hasta esa zona puede causar daños ambientales irreparables. 

En efecto, la reserva de Tariquía es una zona privilegiada en cuanto a fauna y flora; según estudios de conservacionistas, en esa área protegida, por su gran vegetación y condiciones únicas, se condensan grandes volúmenes de agua que posteriormente se convierten en las lluvias que irrigan la zona vitivinícola del valle central de Tarija; también se ha señalado el riesgo de contaminación petrolera del río Tarija. En esa región, por la importancia de Tariquía, se ha conformado un importante movimiento de resistencia contra los trabajos exploratorios en la reserva natural, que han sido reforzados por el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).  

Aunque frecuentemente el Gobierno se autoproclama como defensor de la madre tierra y de la naturaleza, en el caso de la reserva de Tariquía, y en los de otros parques nacionales y áreas protegidas, queda claro que los hechos contradicen ese discurso. Son frecuentes las denuncias de avasallamientos y de actividades mineras ilegales en estos territorios ricos en biodiversidad. Revelan estas acciones a un Gobierno que, sin plan económico, se ha caracterizado por profundizar el extractivismo y la dependencia de los hidrocarburos como única fuente para conseguir más ingresos. 

¿No conmueve al Gobierno la destrucción del hábitat de millares de valiosas especies naturales en Tariquía? No. ¿No es mejor conservar las áreas protegidas porque pueden generar más recursos que la extracción de gas natural? Al parecer, es algo que no le interesa al Gobierno. Un país como Costa Rica, de extensión menor a la de Bolivia, según los expertos, tiene un ingreso anual de 5.000 millones de dólares por el ecoturismo. Es decir, más del doble de la actual y menguante renta petrolera.