En el piso 13 de un céntrico edificio paceño está su bufete. El que fuera discípulo de René Blattmann, hoy es uno de los juristas más reconocidos que tiene el país con una trayectoria de años.

Carlos Alberto Goitia sale hasta la puerta a recibir a Página Siete, en su despacho se sienta, se acomoda la bufanda que tiene alrededor del cuello y comienza con una frase contundente: “Bolivia es uno de los países que tiene la peor administración de justicia en la región y en el mundo”.

Goitia formó parte del grupo de notables que llamó el ministro de Justicia, Iván Lima, para encarar la reforma de la justicia. Ambos fueron compañeros en su juventud y aprendían de la experiencia de Blattmann.

Si bien el diagnóstico que hace sobre el sistema de justicia no es nada alentador, Goitia guarda la esperanza de que los operadores judiciales reaccionen y dejen de depender del poder político. Asegura que está dispuesto a trabajar de nuevo por una reforma, si es que se lo convoca.

Parece que Bolivia sigue levitando, sin llegar a tierra para obtener justicia. ¿Cuál es la situación, según usted?

Bolivia es uno de los países que peor administración de justicia tiene, no sólo en la región, sino en el mundo, y así lo han dejado claro los informes de NNUU, World Justice Project y HRW, entre otras organizaciones. Lamentablemente, no se la asume con la seriedad que se debería, olvidando que la justicia es un pilar fundamental de un sistema democrático porque ayuda a solucionar los conflictos sin violencia y en paz.

¿Cuál es la incidencia del poder político en esta crisis?

El problema es que el sistema de justicia ha quedado sometido a los dictados de la coyuntura política, en función a objetivos políticos de un partido político.

Desde que el MAS asume el gobierno, emite una amplia gama de leyes de reformas puntuales a distintos instrumentos jurídicos, especialmente en el área penal, para que el sistema de justicia no avance y el problema de eso no es solamente que no avance, sino que además va desprotegiendo a los ciudadanos y ciudadanas de este hermoso país.

Una de las grandes críticas es el de los presos sin condena, más del 70% de la población penitenciaria en Bolivia es gente que no tiene sentencia condenatoria. ¿Cuál es la causa?, una reforma legal para que no haya límite máximo de tiempo que puede estar detenida una persona. Se la hizo para Leopoldo Fernández, pero hay miles de bolivianos que han terminado presos sin condena por esta reforma.

Un segundo ejemplo es lo que pasó con el delito de uso indebido de influencias. Organismos establecen que ese delito está tan mal hecho en la legislación boliviana, que el aplicarlo es violar los DDHH, y el 2021 se lo modificó de una forma errada para seguir sosteniendo procesos con objetivos políticos.

A todo esto se suma la corrupción que se alimenta de toda esta situación.

La corrupción es un problema estructural que va de la mano con ese debilitamiento del sistema. Los jueces y fiscales entran a través de padrinazgos, prebendas y obviamente el padrinazgo político permite actuar con una suerte de carta blanca para hacer lo que uno quiera cobrando a la gente. El problema político y la corrupción van de la mano.

¿Entonces, qué se puede hacer para reformar la justicia?

Yo divido en tres fases. Una primera fase que es inmediata, que se la pudo haber hecho hace dos años y que no se la quiere hacer, que son reformas muy puntuales a distintas leyes que permitirán que el sistema se transparente y mejore; hay otras reformas que tienen que tomar un poco más de tiempo, que necesitan llevar a cabo primero un diagnóstico para saber qué es lo que se tiene que corregir desde la raíz, y hay reformas estructurales que van a tomar tiempo, que son más complejas, como el tema de la elección de los magistrados.

Lo que uno no se explica es por qué estando tan claro lo que se tiene que hacer, no se lo hace inmediatamente y por qué no se encara el problema llevando a cabo lo que el expresidente Rodríguez Veltzé señaló y que yo respaldo, un diagnóstico del sistema de justicia, porque conocemos los problemas, pero las causas hay que saberlas encarar después de identificarlas.

¿El Gobierno se niega a hacer esta reforma?

Sí, claramente. Primero, el ministro Lima muy entusiasta convocó a un grupo de expertos para que pueda guiar el proceso. Sin embargo, aparentemente una instrucción política frenó esa iniciativa y desde ese momento hasta el día de hoy lo que se ha visto es una negativa a tratar de cambiar el sistema.

Para encarar la reforma se necesita un actor que guíe el proceso, que sea imparcial, credibilidad de la población y que tenga la capacidad de cohesionar a los distintos actores. Eso no lo tiene el Gobierno ni los jueces y la alternativa es generar un acuerdo en el que se siente la Iglesia Católica, las otras iglesias, las universidades públicas y privadas, colegios de abogados, medios de comunicación y además las organizaciones de DDHH para que dirijan el diagnóstico, que puedan generar respuestas y que puedan generar consensos que permitan salir adelante, pero eso tampoco se lo quiere hacer. Se puede conformar un consejo en días.

Así como lo plantea, se tienen claras las acciones para la reforma. ¿Por qué el Gobierno se niega a hacerlo?

Porque no le conviene al Gobierno deshacerse de un arma que tiene para la persecución política, para el amedrentamiento a distintos actores, incluidos los medios de comunicación, los sectores que protegen derechos humanos no quieren perder esa arma. Quienes salen a defender esto como si fueran voceros de los jueces son los actores del Ejecutivo. A eso sumémosle otro componente, que es que el Poder Judicial está copado por grupos económicos, con afinidad política, que manejan los casos de justicia con base en ese interés, entonces se ha vuelto una masa de corrupción que no le interesa al Gobierno resolverla.

¿Qué otros factores impiden una reforma en la justicia?

Aquí tengo que usar nombre y apellido. Don Evo Morales es un sujeto que vive de la violencia, que vive de enfrentar a los bolivianos, porque eso lo suele capitalizar políticamente, ya sea a través del ataque o la victimización, y enfrenta a unos bolivianos con otros, y claro, en ese escenario de violencia, el mayor enemigo que tiene para esa estrategia es la paz, y la paz puede darnos un sistema de justicia imparcial, transparente e independiente. El hecho de reunirse para definir cuál es la vía por la cual se va a juzgar a una contendora política, como es la señora Añez, busca justamente eso. No se define en reuniones cuáles son las vías para juzgar a una persona, eso viene definido por la ley, pero si se lo define en esas reuniones es porque se puede manipular a los jueces.

¿Cuál es el mensaje que deja el informe de García-Sayán sobre el caso Añez y la justicia?

La crítica es muy dura a la estructura del Gobierno como tal. Por ejemplo, una de las críticas es las infrahumanas condiciones de los privados de libertad, el encargado de eso es el Ministerio de Gobierno. Al Ministerio de Justicia le hace una crítica: la defensa pública no es suficiente, ni cuenta con recursos para poder llevar a cabo la defensa de quienes no tienen dinero. Hay una crítica al TCP, que ha declarado constitucional el juicio en rebeldía, lo que en el mundo es inaceptable, no se puede condenar a alguien que no puede defenderse.

¿El Gobierno hace oídos sordos al conocer el informe de García-Sayán y el de otros organismos y países que lanzan fuertes críticas al sistema de justicia?

El Gobierno trata de mostrar estos informes o pronunciamientos como si fueran algo aislado, de un conjunto de informes de opiniones que han sido invariables durante los últimos cinco años. Bolivia no tiene un sistema de justicia, no respeta el debido proceso, hay injerencia política y corrupción. Los va desconociendo porque una opinión técnica, imparcial, ajena al escenario político es incómodo para el Gobierno.

¿Qué deja el caso Añez?

Lo que atraviesa esta señora es lo que atraviesan los bolivianos y bolivianas día a día en el escenario nacional. En el mundo es inaceptable que se pueda condenar a una persona cuando se ha violado el debido proceso. Es un símbolo que ha mostrado cómo opera el sistema. El Gobierno no tiene el más mínimo cuidado en asumir sus culpas, hablan de injerencia política. Tienen que asumir sus culpas y cambiar de actitud.

¿Qué imagen proyecta el país cuando primero invita a García -Sayán y luego lo fustiga?

El Gobierno se olvida de un hecho. No son las personas las que han hecho los informes a título personal, es la voz de la organización, de las NNUU, es decir de la humanidad toda que le está diciendo a Bolivia “está haciendo las cosas mal”. No tiene sentido descalificar a las personas. Eso devela que están manipulando el sistema de justicia, punto.

¿Cuáles son las principales vulneraciones contra Añez por el caso Golpe II?

Todo empieza desde la denominación que se le da al caso, hablar de golpe es inaceptable porque parten de un alejamiento de un principio básico que es la transparencia, la objetividad de investigación, están condicionando la decisión de algo que no existe como figura jurídica. Se han aplicado dos figuras penales que no son acordes al marco constitucional. Uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la CPE, de tal forma que al aplicar estas dos figuras los jueces y los acusadores también vulneran derechos humanos.

La aplicación retroactiva de la norma, porque para hechos del 2019 terminan aplicando una ley del 2021 que agrava la sanción penal para uso indebido de influencias. No se han permitido testigos, no se han tomado en cuenta los alegatos de la defensa, la discriminación por edad terminan agravando las penas y el no haber llevado a cabo todo este proceso a través de la vía que correspondía, juicio de responsabilidades.

¿Añez podrá hallar justicia?

Yo siempre apuesto porque en algún momento los jueces asuman su rol, su responsabilidad, denuncien la injerencia política y corrijan esta sentencia que el mundo les está diciendo que es nula y no tiene sentido.

El informe de García-Sayán señala la falta de capacidad de los jueces. Dice que en Bolivia hay jueces que no tienen capacidad académica para esos procesos y cometen tremendos errores, eso debiera motivar que se den cuenta que tienen que estudiar un poco y corrijan la sentencian porque de otro modo estarán haciendo un papelón universal como malos abogados.

¿Se podrá lograr esto mientras siga el MAS en el gobierno?

Es previsible que el Gobierno siga en su afán, pero yo siempre guardo la esperanza de que estos jueces reaccionen, denuncien la injerencia política.

¿La justicia internacional sería una opción para ella?

Hay mecanismos importantes en el ámbito internacional. Está el sistema interamericano que puede actuar en este ámbito y lo que extraña es que la Comisión Interamericana no haya hecho conocer su voz hasta este momento. Está el comité de DDHH de NNUU, los organismos que velan por los derechos de las mujeres en el ámbito político. Toman tiempo muchos de ellos, pero también tienen mecanismos de acción rápida.

Paralelamente a Añez, están las víctimas de Senkata y Sacaba. ¿Para ellos habrá justicia?

Se ha reducido el tema en tratar de encasillar el tema en Senkata y Sacaba. Pero son varios de los hechos, como Montero y Huayllani, que abarcan la gestión de Morales y Añez. Tienen que ser investigados y terminar en una decisión judicial clara sobre quiénes son los culpables, porque eso devolverá paz. Eso se está instrumentalizando a dos sectores para generar confusión, confundiendo juicios y actores.

¿Si lo vuelven a convocar para encarar de nuevo la reforma del sistema judicial, aceptará?

Yo siempre he manifestado mi plena y absoluta voluntad de participar en todo aquello que pueda ayudar a que el sistema de administración de justicia funcione y a mí no me preocupa el color político. Mi aporte está en lo académico y experiencia.