El MAS tiene la capacidad de convertir, de la noche a la mañana, a sus propios invitados en personajes indeseables para su proyecto político. Ocurrió tal cosa con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y ahora con el relator especial de la ONU para la independencia de los jueces, Diego García-Sayán.

El gobierno de Evo Morales, a través de la Cancillería, invitó formalmente en 2019 a Luis Almagro para que la OEA enviara una misión técnica a realizar una auditoría de los resultados electorales ante las sospechas de fraude. Almagro hacía poco se había mostrado muy cercano a Morales y hasta había lucido guirnaldas de coca en el Chapare, pero cuando el informe de la OEA estableció que hubo dolo y manipulación de los resultados, el gobierno cambió su parecer sobre Almagro, al punto de llamarlo golpista y de querer enjuiciarlo por ese supuesto delito.

Ante la escandalosa crisis de la justicia boliviana, el gobierno también invitó a García-Sayán para que este año hiciera una verificación sobre el estado de la justicia, en momentos en que el sistema tocaba fondo por la liberación de presos prontuariados y por el encarcelamiento injusto de la expresidenta Añez.

Tras la visita, García-Sayán dijo lo que todos los bolivianos ya sabían, que la justicia es dependiente del poder político y que es corrupta. Agregó que el ejemplo de la injerencia es el juicio a la expresidenta Añez. Es más, cuando la exmandataria fue sentenciada a 10 años de prisión, el relator añadió, a través de su cuenta de Twitter, que todos los expresidentes tienen derecho al juicio de responsabilidades.

El enojo del MAS no se dejó esperar. El jefe del partido, Evo Morales, dijo que es una paradoja que el relator “presione y trate de someter a la justicia para favorecer a responsables de un golpe de Estado”. El ministro Iván Lima llamó al relator a la reflexión. Y, ni qué decir de voceros intermedios, para quienes el informe del relator pasó a ser “un panfleto”.

Tras la sentencia a Añez, también se pronunció la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sentido de que no se respetó el debido proceso en el caso. El informe fue apoyado por la Unión Europea, Reino Unido y otros, a quienes la Cancillería calificó de colonialistas, pese a que fueron las propias autoridades las que invitaron a la misión a hacer el seguimiento del caso.

El oficialismo denuncia una supuesta injerencia de organismos internacionales en asuntos bolivianos. Vaya paradoja, el principal injerencista indignado por la supuesta injerencia de otros.

El MAS, que está acostumbrado a manipular informes, juicios y fallos en Bolivia, ya debería saber que no puede imponer su voluntad ante organismos internacionales independientes que, poco a poco, van descubriendo el deterioro democrático en Bolivia.