Analistas y asambleístas de oposición cuestionan al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS) por no aceptar informes, recomendaciones ni críticas de organismos internacionales y países sobre la vulneración del debido proceso en el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y la justicia boliviana en general. Dicen además que exponen a Bolivia a observaciones y sanciones en esferas externas.

“Es un Gobierno que no respeta la democracia. Lamentablemente, es un Gobierno que no respeta a las instituciones nacionales ni internacionales, trata de desconocer absolutamente cualquier comentario, criterio, informe que sea contradictorio o contrario a los intereses en función de gobierno y eso ha sido recurrente”, declaró  el abogado Eusebio Vera.

En tanto, ayer Estados Unidos se unió a los cuestionamientos. El embajador Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EEUU, mediante su cuenta de Twitter, abogó por un debido proceso para la expresidenta Áñez, así como la necesidad de reformas judiciales en el país recomendadas por Naciones Unidas.

El abogado constitucionalista y analista Paul Antonio Coca refiere que, en esta problemática de la justicia, las observaciones a las irregularidades que se cometieron en el juicio contra la exmandataria, como el abuso de la detención preventiva, no son reconocidas por el Gobierno, porque el “gobernante es el que realiza la injerencia política en la administración de justicia, una justicia corrupta e ineficiente”.

“El Gobierno lo que hace es descalificar informes internacionales bajo el criterio de soberanía porque sabe que está vulnerando la justicia y el debido proceso”, sostuvo.

Estados Unidos

“Compartimos las preocupaciones de @ UNIndepJudges, sobre el debido proceso en el juicio de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Implementación de reformas judiciales recomendadas por las @NACIONES UNIDAS y #GIEI que abordarían la preocupante y persistente politización judicial”, señaló en su cuenta Brian A. Nichols.

Así, EEUU se hizo eco del informe presentado por el relator para la Independencia Judicial de la ONU, Diego García-Sayán, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ocnudh) y la Unión Europea sostienen que el juicio se vio empañado por vicios procesales.

El Reino Unido, el Foro de Madrid y la Cancillería de Suiza también expresaron sus observaciones al proceso penal por el mal denominado caso golpe II.

Human Rights Watch (HRW) también expresó su preocupación a través de su investigador César Muñoz, al expresar que “nos preocupa la forma en la que han sido llevados a cabo los procesos penales contra la expresidenta”.

Sanciones

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas señaló que el MAS no respeta la Constitución, tratados ni convenios, por lo que no debe extrañar el rechazo al informe de García-Sayán.

En ese contexto, el abogado Vera dijo que el Gobierno “está irrespetando la posición de la ONU y eso va a traer graves consecuencias en contra del Estado boliviano que incluso pueden llegar a sanciones”.

Desde 2019, el MAS desconoce informes

En los últimos tres años, desde 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionó tres informes requeridos por este partido, además de descalificar otros emitidos por organismos internacionales.

“No olvidemos que, en la crisis de 2019, el gobierno de ese entonces, de Evo Morales, para deslindar o hacer contrario a los elementos de fraude que se había encontrado posterior a las elecciones de 2019, invita a la OEA con la condición de que iba a respetar el informe conclusivo de esta institución, pero la OEA dijo que evidentemente ha encontrado serios indicios de irregularidades y lo que hace el Gobierno es desconocer ese informe”, dijo el abogado Eusebio Vera.

Recordó que tras los hechos de 2019, entre 2020 y 2021, el Gobierno invitó a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que realice una evaluación a la violación de los derechos humanos.

“Ese grupo de expertos determinó que hubo violación de derechos humanos tanto en el gobierno de Evo Morales como de Jeanine Áñez. ¿Y qué hizo el Gobierno? Escogió los puntos que le favorecían y persiguió de manera despiadada a la señora Áñez”, dijo.

Agregó que ahora invitó a la ONU, a Diego García-Sayán, “pero de igual forma se discrimina porque el informe ha sido contundente y ahora ya no tenemos que hablar sólo de García-Sayán sino de la de la propia ONU”.

Califican de bufón y pirata a Relator

Las conclusiones del relator especial, Diego García-Sayán, indignaron tanto al MAS que calificaron de “bufón” y “pirata” al que fuera invitado por el Gobierno de Luis Arce.

El diputado Héctor Arce calificó de “panfletos” los informes que cuestionan los procesos contra la exmandataria y consideró que éstos no tienen un carácter vinculante. En tanto, la Cancillería señaló que los comunicados “no condicen con una relación de respeto mutuo, expresan una posición colonial inaceptable, tergiversan y desnaturalizan el Comunicado de la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre DDHH”.