Al conocerse la sentencia de 10 años de prisión contra Jeanine Añez en el caso Golpe II, el gobierno anunció que buscará el máximo de 15 años por considerar insuficiente castigo para la expresidenta “golpista”. El coro de sus satélites políticos no se hizo esperar y como es casi obvio, el grupo Bartolina Sisa alegó que es “muy poco” los 10 años sentenciados. Tanto los hijos como la bancada de Creemos aseguraron que recurrirán a los organismos internacionales, donde ya “no hay instrucciones ni injerencia”, dijeron los primeros.

El juzgado que conoció la causa dictó 10 años de condena con la seguridad de que la Corte de Apelación aplicará 15 años, que es el máximo de sanción que señala la norma. A las instancias judiciales les basta la palabra del Ejecutivo, así no sea oficial, para cumplir lo que por simple mención equivale a una instrucción inamovible. Por las experiencias de estos años, la opinión pública no oficialista está convencida de que la Justicia no es otra cosa que una agencia operadora del Ejecutivo y su brazo perseguidor. En el país la judicialización de la política es más que evidente.

Al gobierno no le inquieta que los organismos internacionales reclamen por la falta de un debido proceso, la presunción de inocencia, las falencias legales, etc., en la tramitación del juicio. Figuran entre estos pronunciamientos los de la Unión Europea, Naciones Unidas a través de Diego García-Sayán, Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, la Unión de Partidos Latinoamericanos, Human Rights Watch y otros. El Vocero de la Presidencia, senadores y diputados alegan que los indicados dictámenes “no son vinculantes”.