El embajador Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, abogó ayer, mediante su cuenta de Twitter por un debido proceso para la expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez, así como por la implementación de reformas judiciales recomendadas por Naciones Unidas.

“Compartimos las preocupaciones de @ UNIndepJudges, sobre el debido proceso en el juicio de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez. Implementación de reformas judiciales recomendadas por las @NACIONES UNIDAS y #GIEI que abordarían la preocupante y persistente politización judicial”, señaló por su traducción al español.

De ese modo, Nichols en representación del Gobierno de Joe Biden se hizo eco del informe presentado recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte del relator para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, así como del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia.

El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, presentó su informe ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra e hizo énfasis en dos elementos: la situación de la justicia de Bolivia y los juicios que afronta la expresidenta Jeanine Añez. En sus observaciones leídas reconoció la presidencia de Añez y demandó un juicio justo y a las garantías judiciales de ley.

También recordó que la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó sus observaciones a los juicios contra la exmandataria.

Aquí las 10 conclusiones leídas por el García-Sayán en Ginebra. En el video también podrá encontrar las recomendaciones.

Entre los aspectos más relevantes del informe leído por Sayán está el referido al acceso a la justicia. “Hay un gran rezago procesal en la jurisdicción ordinaria y su cobertura se limita esencialmente a áreas urbanas. Según diversas fuentes, la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción”, observó.

También mencionó que la impunidad frente al delito es una indicación de la dificultad de acceso a la justicia. El aumento de casos de feminicidios que continúan impunes suscita indignación y preocupación en la sociedad, así sobre los 869 feminicidios que se produjeron entre 2013 y 2021, sólo el 31% ha obtenido una sentencia.

“Durante mi visita me reuní con las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y de la zona Sur producidas en el contexto de la crisis sociopolítica 2019-2020, escuché sus testimonios, lamento profundamente que hayan pasado más de dos años esperando justicia”, se refirió.

En cuanto a la detención preventiva lamentó que siete de cada 10 personas están privadas de libertad sin condena y en condiciones muy precarias en detención. “Es muy grave también la tasa de hacinamiento penitenciario que es del 349%”, citó.

Señaló que el actual sistema de designación por votación universal de las altas autoridades judiciales e integrantes del Consejo de la Magistratura no ha dado los resultados esperados y recibe extendida crítica en el país, de un lado el proceso de preselección de candidatas y candidatos a ser sometidos a votación popular es conducido y realizado por un órgano político, la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Además del Consejo de Magistratura sólo los colegios de abogados participan en la preselección y elaboración de los exámenes. La sociedad civil no tiene ninguna participación en ese proceso, por otro lado es muy baja la participación del electorado, además la mayor parte de votos emitidos fue blanco o nulo, siendo en consecuencia escasa la proporción de los votos a favor de las personas que finalmente fueron elegidas”, apuntó.

También señaló que el presupuesto del Órgano Judicial no alcanza ni siquiera al 0,05% del presupuesto general de la nación. La Contraloría General identificó, además, problemas en la estructura del órgano judicial que afecta a un desempeño eficaz en la ejecución del gasto.

“La señora Jeanine Añez, quien ejerció la presidencia entre noviembre de 2019 y 2020 se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021 frente a dos procesos penales por hechos ocurridos en 2019. Durante mi visita pude constatar que los juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero”, mencionó.

Dicho caso, según Sayán, pone de manifiesto temas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva, todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley, esto no puede tener ninguna excepción.

“Tomando en consideración que ella cumplía una huelga de hambre durante mi visita enfaticé que el Estado se encuentra en una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad y es del Estado la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”, recalcó.

Durante su visita a Bolivia dijo que el ministro de Justicia, Iván Lima y la oficina técnica de la misión del Alto comisionado OACNUDH firmaron un protocolo para la observación de los procesos judiciales. “Este relator observa que este acuerdo se viene ejecutando y que el proceso en marcha seguido contra la expresidenta Añez ha sido materia de una observación y una declaración pública por parte de la misión técnica”, subrayó.(Brújula Digital)