A medida que transcurren las horas, crecen las observaciones y manifestaciones contra la condena inconstitucional e ilegal de la expresidenta Jeanine Áñez. 

Ya se han expresado, en términos similares o parecidos, la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del informe del relator para la independencia de los Jueces y Abogados, Diego García-Sayán; también han formulado sus críticas la OEA, la UE, Human Rights Watch y el Reino Unido, además de aumentar la indignación en grupos como el Foro de Madrid, que ha enviado al país a dos legisladores a los que, sin embargo, no se ha permitido que visiten a Áñez en el penal de Miraflores, donde guarda detención preventiva desde hace más de un año. 

Las observaciones contra el juicio y la condena emitida contra Áñez se fundamentan en las múltiples vulneraciones al debido proceso, en el juicio ordinario al que, en una justicia carente de independencia e imparcialidad, ha sido sometida la expresidenta constitucional. Naciones Unidas observa, por ejemplo, la gran ambigüedad e ilimitación del tipo penal “incumplimiento de deberes”, lo cual vulnera el principio de legalidad y de taxatividad que debe respetar toda norma; también se cuestionan el abuso de la detención preventiva, el formato híbrido presencial-virtual durante las audiencias del proceso, las audiencias en ausencia, las deficiencias en el acceso a las pruebas testificales y el exceso de partes acusadoras que no permitieron el equilibrio con la defensa.

Se refieren estos cuestionamientos a defectos procesales de fondo, que tendrían que invalidar cualquier juicio. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no se haya cumplido el principio de inmediación, que garantiza que los actores del proceso estén en contacto directo con los jueces y la recepción de los diferentes medios probatorios? Las observaciones, desde este punto de vista, están vinculadas con violaciones al derecho constitucional y legal a la defensa. 

Advertimos que estos cuestionamientos tienen relación con un proceso que nunca debió ser admitido ni iniciado, por la falta de competencia de los juzgadores. Pese a ello, el Gobierno ha rechazado las expresiones de la ONU y del Reino Unido, bajo el argumento de que la justicia boliviana debe estar libre de cualquier injerencia. Pero los principios jurídicos universales que han sido vulnerados en el proceso a Áñez están incluidos en los tratados internacionales de derechos humanos, de tal modo que son vinculantes para el país y no dan lugar a injerencia alguna. 

El relator García-Sayán ha expresado, en su informe ante la ONU, que “todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley”. Ese proceso justo al que se refiere el Relator no puede ser otro que un juicio de responsabilidades, que es el que corresponde a quien ha ocupado las más altas funciones en el país. En consecuencia, es absurdo que el Gobierno mantenga en pie un proceso penal contrahecho, lleno de violaciones a principios y garantías universales, y una oprobiosa sentencia a 10 años, cuando es nulo de pleno derecho.