Finalmente, el informe del relator especial para la independencia de los jueces y abogados, Diego García-Sayán, fue presentado en Ginebra, en la Asamblea de las Naciones Unidas, y en él se detalló que en Bolivia hay una evidente injerencia política en el sistema judicial y se pone el manejo del caso de la expresidenta Jeanine Áñez como ejemplo de esos problemas estructurales. García-Sayán puso de manifiesto que existen dificultades en el acceso a la justicia y que los patrones de injerencia en el Órgano Judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados.

Junto a la exposición del caso de la expresidenta, se critica también la generalización de la detención preventiva en el país. Las detenciones preventivas deben ser excepcionales, señala García-Sayán. En el contexto de esa observación, las conclusiones instan al Gobierno a elaborar y dictar la legislación pendiente para el funcionamiento del Órgano Judicial (...) y disponer las reformas necesarias al Código Penal y Código de Procedimiento Penal en los temas particulares de prisión preventiva, para evitar su abuso.

El informe recuerda que las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a recibir todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la propia normatividad boliviana.

Dice el documento que para toda persona privada de libertad, el Estado boliviano tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud, y recuerda que en el caso particular de una huelga de hambre, esta obligación estatal se tenía que respetar escrupulosamente en el caso de la huelga que hizo Jeanine Áñez durante su detención en el penal de Miraflores y que se buscó frenar desde Régimen Penitenciario.

El informe de García-Sayán dice que todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial, y que hay consensos favorables recogidos por el relator especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución.

Recomienda también que es crucial que el énfasis en una justicia de esas características sea una política de Estado y que se sostenga en el tiempo, con amplio respaldo y participación de todas las fuerzas políticas y sociales, por lo que se debe considerar la conveniencia y urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional al respecto y hacer un llamado a la sociedad e instituciones bolivianas a marchar en esa dirección.

El relator se pronunció sobre la crisis sociopolítica de 2019-2020, y en este campo se sugiere que el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes, y que debe garantizarse la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar.

Pero nada del extenso informe del relator García-Sayán servirá si el Gobierno de Luis Arce no toma en cuenta las conclusiones y recomendaciones para promover los cambios que se precisan. No basta con decir que se va a convocar a reuniones para impulsar la reforma de la justicia.

Dicha reforma es apenas una parte del problema; la otra radica en la actitud del propio Gobierno que debe respetar las leyes, la independencia de poderes y dejar de manipular la justicia a su gusto y antojo o según los caprichos del jefe del MAS, Evo Morales.