El gobierno de Arce ya inició la actividad hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, pese a la oposición de grupos indígenas, comunarios, ciudadanos tarijeños y organizaciones medioambientales locales y nacionales. Dichos grupos denunciaron la semana pasada, luego de ir en persona a la reserva, que maquinaria pesada de petroleras ya ingresó a esta área protegida y está abriendo caminos de doble vía e ingresando maquinaria de perforación. Este avance logístico que conlleva destrucción del hábitat viene de la mano con violaciones a derechos humanos, dado que no ha habido consultas previas libres ni informadas con habitantes de la zona, mientras que miembros de comunidades como El Cajón, dentro de Tariquía, son víctimas de hostigamiento y amenazas por oponerse a esta explotación. La explotación hidrocarburífera ejecutándose en Tariquía por el gobierno de Arce viola los procesos y normativas nacionales respecto a la protección de áreas protegidas y derechos indígenas, viola también la misma Constitución Política del Estado al atentar contra el derecho a la consulta previa, y también rompe con normativas internacionales de derechos humanos.

Es por eso que este miércoles 22 de junio a las 9:30 am la ciudadanía de Tarija se movilizará con una marcha en defensa de Tariquía. La convocatoria, lanzada desde varias organizaciones tarijeñas incluyendo grupos ambientales, alienta a la población a hacerse presente en las calles de Tarija para defender su “fuente de vida”. Y es que efectivamente Tariquía, con sus 246.000 hectáreas, es una de las fuentes más importantes de agua para el sur de Bolivia y por eso se le ha llamado “Fábrica de Agua”: de esta zona depende el flujo para el río Tarija y el río Bermejo, además de ser el hogar del oso jucumari, especie vulnerable precisamente debido a la pérdida de su hábitat. Tariquía, además, contiene el último espacio mejor conservado de bosque de montaña de la región, teniendo un valor incalculable en cuanto a biodiversidad. Un desequilibrio ambiental en Tariquía desencadenaría también sequías y pérdidas de especies no sólo en la reserva sino en los hábitats circundantes.

Ante los llamados a movilización de la ciudadanía Tarijeña, YPFB ha indicado a prensa que “el impacto ambiental previsto será menor”, añadiendo que el área donde están trabajando ya ha sido intervenida previamente y que tienen los permisos ambientales requeridos. Esta información contrasta grandemente con lo denunciado por la diputada Luciana Campero quien, tras una inspección en persona el 11 de Junio, denunció el ingreso de la maquinaria sin los estudios ambientales correspondientes, y sin una consulta previa a las familias que viven en El Cajón, zona donde YPFB Chaco debe ingresar para explorar en el área de Astillero. Las mismas comunidades que viven en Tariquía han denunciado que las licencias ambientales para El Plan de Manejo para Tariquía aprobado por el gobierno de Morales el 2014 no cuentan con bases técnicas ni criterio científico, además que están viciadas de nulidad por las irregularidades en el proceso de su aprobación.

Otro elemento que llama la atención de la explotación hidrocarburífera ilegal en Tariquía es que, como también ocurre en el tráfico de tierras en la Chiquitanía, ha habido conflictos entre pobladores locales y los llamados “interculturales” que una vez más se presentan en apoyo a los planes extractivistas del gobierno. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (APDHT) ha documentado y denunciado públicamente el acoso que sufren las familias de El Cajón por parte de “interculturales” de Bermejo. Dichas familias también denunciaron que para salir o entrar al lugar deben solicitar permiso a un funcionario de las petroleras, además de estar bajo un cerco a la zona que impide el libre tránsito para el ingreso de alimentos a la comunidad y hostigamiento constante.

Lo más preocupante ante la explotación de Tariquía es nuestra poca capacidad de frenarla, por lo menos hasta ahora. El MAS parece distraernos muy bien con shows de peleas políticas, mientras que daños más grandes como la contaminación y pérdida de ríos enteros en el sur de Bolivia, el secuestro de familias en Tariquía por petroleras o la pérdida del hábitat del jucumari se efectúa sin que nos demos cuenta. Frenar la explotación petrolera en Tariquía debe ser una prioridad nacional porque aparte del daño medioambiental (que ya es motivo suficiente), se le está dando al MAS mayor capacidad y precedente para ejecutar impunemente proyectos extractivistas sin cuidado alguno por la ley y la constitución. Debemos sumarnos a los pedidos de los habitantes de Tariquía y la ciudadanía Tarijeña para exigir un freno a las actividades en el área.