El gobierno de Luis Arce ha decidido hacer oídos sordos a las observaciones de organismos internacionales respecto a la sentencia de 10 años de cárcel en contra de la expresidenta Jeanine Añez y a los diagnósticos lapidarios sobre la injerencia y la manipulación de la justicia, cuya máxima expresión es justamente el caso denominado “golpe II”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, ha dicho que el citado proceso “es cosa juzgada” porque todos los pedidos de Añez para cambiar a un juicio de responsabilidades han sido rechazados. Los recursos han sido planteados y rechazados, según el mismo Lima, dos veces por el tribunal que la ha condenado, una vez ante una instancia de apelación y otra vez en el Tribunal Constitucional. Un argumento por demás espurio si se toma en cuenta que la justicia, en su totalidad, es cooptada por el poder político.

Hasta ahora el pronunciamiento más contundente fue el del relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Diego García-Sayán, quien dijo que todo expresidente tiene derecho a juicio de responsabilidades sin importar la forma en la que ha emergido su mandato.

Esas declaraciones han sacado de sus casillas al ministro Lima, quien ha llamado a la reflexión al Relator, pese a que fue el propio Gobierno el que invitó a García-Sayán a que observe el estado en el que está la justicia boliviana. “Llamamos a la reflexión al relator García-Sayán. Hay un Código que regula el trabajo que debe realizar. Él no viene a juzgar casos concretos y no puede realizar ninguna afirmación sin previamente haber dado al Estado boliviano sus observaciones y permitirnos dar los argumentos que reflejan la posición del pueblo boliviano”, dijo Lima.

Es decir, el Gobierno preferiría a un observador internacional que se pronuncie sobre generalidades en torno a las que nadie se siente responsable y que calle sobre un evidente acto de vulneración de derechos de una exmandataria.

Luego, también se ha pronunciado la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha observado el tipo penal del incumplimiento de deberes por no estar adecuado a los convenios internacionales de derechos humanos; el desequilibrio en el proceso, en el sentido de que existían muchos acusadores del Gobierno y de la Fiscalía; la acumulación de detenciones preventivas, con las que mantuvieron a Añez presa por un año y tres meses antes de la sentencia, entre otros aspectos.

Naciones Unidas ha aclarado que no se ha referido al fondo del juicio, sino únicamente al cumplimiento o no del debido proceso. Por las conclusiones emanadas, queda claramente establecido que el debido proceso no se ha cumplido. Por otro lado, el organismo ha hecho saber que hizo seguimiento al caso a pedido de las autoridades, o sea que mal hace ahora el Gobierno en ignorar las observaciones.

Luego, la Unión Europea también se ha hecho eco de las conclusiones de las Naciones Unidas, replicando las mismas y haciendo notar que la justicia boliviana enfrenta problemas estructurales, que también fueron señalados por el GIEI tras los sucesos del 2019 y por García-Sayán en mayo pasado y ratificadas en su informe presentado este martes en Ginebra.

Estos organismos engloban a la mayor parte de la comunidad internacional y el Gobierno tendría que escucharlos para mantener intactas sus credenciales democráticas. Lima, que es el acusador y vocero en este caso, ha optado por distorsionar los informes y comunicados indicando que no se han referido a la competencia del tribunal, pese a que García-Sayán ha sido claro al hablar de la necesidad de llevar el caso a un juicio de responsabilidades.

Los oídos sordos seguramente le permitirán al Gobierno seguir adelante con su estrategia de condenar a Añez a más años de prisión, ya sea por el denominado “golpe I”, en el que es juzgada por terrorismo; o por los casos de Sacaba y Senkata, por lo que podría ser acusada de genocidio. Si la voz de Naciones Unidas o de la Unión Europea no tiene ninguna incidencia, entonces la sociedad boliviana está indefensa ante una justicia servicial ante el gobierno de Luis Arce.