Tras las protestas que realizaron hace una semana sectores contrarios a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, la autoridad desafió a quienes consideran que su gestión es deficiente impulsar un proceso revocatorio, y acusó a los movilizados de buscar réditos políticos con el bloqueo de las “mil esquinas”.

La revocatoria de mandato es una figura establecida en la Constitución Política del Estado, en su artículo 11, que en uno de sus acápites precisa: “La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley; Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa (…)".

El proceso revocatorio se puede activar contra el presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes. Empero, para activar el revocatorio de mandato se deben cumplir varios requisitos, para evitar que se pida la salida de una autoridad solo por móviles políticos.

Esta iniciativa, que puede ser impulsada por cualquier ciudadano, en caso de ser aprobada, tiene un elevado costo económico porque se necesita organizar un proceso similar a una elección, con toda la logística que ello implica.

Por eso la ley determina requisitos estrictos, de modo que no se proponga la salida de las autoridades solo por angurrias políticas, personales o de grupo.

El proceso revocatorio es, según la constitucionalista María René Soruco, consultada por Bolivia Verifica, “un mecanismo que está pensado para situaciones de mucho conflicto para que finalmente el pueblo decida si quiere que la autoridad siga o no”.

Un requisito es que haya transcurrido la mitad del periodo constitucional del gobernante que se busca revocar. En el caso de las autoridades, el pedido puede realizarse a mediados de 2023.

Otro requisito es reunir firmas que representen el 25% del padrón electoral nacional vigente para el caso del presidente y vicepresidente, y el departamental en el caso de los gobernadores. Si se trata de los alcaldes, se necesita el 30% de firmas del total del padrón electoral del municipio.

Todo el proceso debe seguir un cronograma que es administrado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Además, para revocar a una autoridad, se debe conseguir la misma cantidad de votos con los que fue elegida, que en algunos casos sobrepasa el 60%.

Por todas estas consideraciones, para impulsar un proceso revocatorio, se tendrá que reflexionar bien si vale la pena hacerlo, si hay argumentos sólidos para proponer este proceso, dejando de lado las consignas meramente políticas.

Si una autoridad tiene una pésima gestión, es válido un proceso revocatorio, pero si no es así sería insulso invertir millones de bolivianos para que al final solo se provoque inestabilidad en la gestión pública del país.