El relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, presentó este martes en Ginebra una radiografía de la justicia boliviana en la que identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de su sus vínculos de dependencia con el sistema político del país.

El balance fue presentado en un resumen de 10 observaciones respecto a los resultados de su visita a Bolivia que se produjo en febrero. Señaló, por ejemplo, que “la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción”.

García-Sayán, en el cargo desde 2016, presentó este reporte en el marco del 50 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas y fue el último de su periodo como relator especial que finalizará a finales de este año.

Así  y apoyado en informes oficiales y el resultado de entrevistas que realizó en Bolivia, el relator de Naciones Unidas observó el proceso de selección de las altas autoridades de justicia que está a cargo de una entidad política como la Asamblea Legislativa.

“Es muy baja la participación del electorado y la mayor parte de votos emitidos fue blanco o nulo, siendo escasa la proporción de los votos a favor de las personas que finalmente fueron elegidas”, afirmó y alentó una reforma integral del sistema con una participación plural.

 “Veo la posibilidad de un gran acuerdo nacional sobre la justicia, lo que supondría la participación activa de instituciones públicas relevantes”, remarcó al señalar la necesaria participación de instituciones de la sociedad civil.

García Sayán también ratificó sus observaciones respecto a la “generación de la detención preventiva” y puso como ejemplo el caso de los juicios planteados contra la expresidenta Jeanine Áñez. Reconoció así que ella ejerció  ese cargo entre 2019 y 2020, pero sin hacer comentarios respecto a la crisis política de 2019.

El ministro de Justicia, Iván Lima, replicó el reporte de manera virtual y señaló que desde que concluyó la visita de García-Sayán ya se han introducido ajustes en la legislación para corregir las falencias identificadas y al mismo tiempo destacó la importancia de abrir la discusión sobre la selección y elección de altos magistrados.

Este mecanismo de designación está incluido en la Constitución Política del Estado y varios colectivos de juristas anticiparon la necesidad de modificar esa normativa fundamental.

Además, el ministro señaló que el gobierno del presidente Luis Arce  estará abierto "al escrutinio internacional" durante el proceso de "transformación de justicia", un reto que se anunció en 2020.

El lunes, en un contacto con el EL DEBER, el viceministro de Justicia, César Siles, informó que el 6 de julio se instalan al menos cinco mesas temáticas para activar ese proceso que será inaugurado por el vicepresidente David Choquehuanca. 

OBSERVACIONES DEL RELATOR

1. Legislación posterior a la CPE de 2009 limitó la aplicación de la justicia indígena campesina

2. La carrera judicial es débil, dada la alta proporción de jueces transitorios, así como regulaciones y prácticas que afectan a principios básicos como la inamovilidad. Al momento de mi visita habían 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria y el 47% estaba desempeñando funciones de modo transitorio.

3. Acceso a la justicia. Hay un rezago procesar en la jurisdicción ordinaria y su cobertura se limita esencialmente a áreas urbanas. Según diversas fuentes, la retardación de justicia se debe a Códigos Procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción.

4. La impunidad frente al delito es una de las indicaciones de acceso a la justicia. El aumento de casos de feminicidio que continúan impunes, suscita indignación y preocupación en la sociedad. Así, sobre los 289 femicidios que se produjeron entre 2013 y 2021, sólo el 31% ha obtenido una sentencia.

5.  Lamento profundamente que hayan pasado más de dos años que las víctimas de Senkata, Sacaba y la zona Sur en el contexto de la crisis política de 2019 sigan esperando justicia.

6. Detención preventiva. Siete de cada 10 personas están privadas de libertad sin condena y en condiciones muy precarias de detención. Es grave la tasa de hacinamiento penitenciario que es del 349%.

7. El actual sistema de votación universal de las altas autoridades judiciales e integrantes del Consejo de la Magistratura no ha dado los resultados esperados y recibe extendida crítica en el país. De un lado, el proceso de preselección de candidatos y candidatas a ser sometidos a votación popular es realizado por un Órgano Político, la Asamblea Legislativa. Además, el Consejo de Magistratura y los colegios de abogados participan en la elaboración de exámenes. La sociedad civil no tiene ninguna participación en este proceso. Por otro lado, es muy baja la participación del electorado y la mayor parte de votos emitidos fue blanco o nulo, siendo escasa la proporción de los votos a favor de las personas que finalmente fueron elegidas.

8.  El presupuesto del Órgano Judicial no alcanza al 0.5% del Presupuesto General de la Nación. La Contraloría General identificó, además, problemas en la estructura del Órgano Judicial  que afectan a un desempeño eficaz en la ejecución del gasto. Así, al estar el control y la fiscalización compartidos entre el Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa Financiera, el Tribunal Supremo ha producido una bicefalia administrativa que explica en parte la ineficiencia en la ejecución presupuestaria.

9. La señora Jeanine Áñez, quien ejerció la presidencia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021. Enfrenta dos procesos penales por hechos ocurridos en 2019. Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública  en el país y en el extranjero. Dicho caso pone de manifiesto temas estructurales de la administración de justicia, como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a juicio justo y a las garantías judiciales de ley. Esto no puede tener ninguna  excepción.

Tomando en consideración que ella cumplía una huelga de hambre durante mi visita, enfaticé que el Estado se encuentra en una condición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad y es del Estado garantizar su integridad y salud.

10. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y el Ministerio de Justicia firmaron acuerdo para la observación de los procesos judiciales. Este relator reconoce que este acuerdo está en ejecución y que el proceso legal contra la expresidenta Áñez ha sido ya materia de observación y una declaración pública por parte de la misión técnica.

Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Saván* by Beatriz Avalos Ribera on Scribd