Entre octubre y noviembre de 2019, según informes de la OEA y de la Unión Europea, Evo Morales y su partido, el MAS, cometieron manipulaciones dolosas electorales o un fraude electoral. Ahora, tras la condena a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, a 10 años de cárcel, el mismo actor busca cometer un “fraude judicial”.

En primer lugar, la expresidenta Jeanine Áñez debía ser sometida no a un proceso penal ordinario, sino a un juicio de responsabilidades, como lo prevén la Constitución y las leyes. El poder ha usado esta vía porque no tiene los dos tercios para autorizar un juicio de responsabilidades contra Áñez, pero al hacerlo ha vulnerado las normas; es decir, ha cometido un “fraude judicial”. Un “fraude judicial” se puede definir como un enjuiciamiento político que se disfraza con las formalidades que exige un proceso, pero su intencionalidad es castigar así no haya la comisión de delito alguno. Busca, en esencia, disfrazar un acto de vendetta a título de encontrar la verdad histórica de los hechos, que es el propósito de todo proceso jurídico.

En otras palabras, un “fraude judicial” equivale al más detestable de los usos instrumentales de la justicia, cuando no hay separación de poderes ni independencia de los juzgadores, porque éstos están sometidos al Gobierno. Así debe interpretarse el hecho de que el relator para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego GarcíaSayán, haya expresado que la expresidenta Jeanine Áñez “tiene derecho a un juicio de responsabilidades” y que advertía, en su procesamiento, manipulación política. Las palabras de García-Sayán están de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y responden a un juicio equilibrado y mesurado sobre las irregularidades que rodean al enjuiciamiento penal de la expresidenta Áñez.

En 2019 la manipulación dolosa electoral condujo al país a una crisis política que derivó en la renuncia y la fuga del expresidente Evo Morales, quien intenta imponer ahora que esos hechos configuraron un inexistente “golpe de Estado”, por el cual se busca no sólo condenar a la expresidenta Áñez, sino iniciar una persecución contra líderes opositores y cívicos, de tal modo que no haya impugnación para Morales en su desproporcionada idea de volver al poder a como dé lugar. La condena inconstitucional en un proceso ordinario a la expresidenta Áñez también causará una crisis y restará estabilidad al sistema político, además de un creciente malestar.

No pasa inadvertido que este “fraude judicial” se da en medio de una, cada vez más profunda, división entre las facciones del oficialismo, encabezadas por Evo Morales, el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca.

El “fraude judicial” ha dado como resultado una sentencia contra Áñez que es nula de pleno derecho, porque el tribunal que la juzgó no tenía competencia. Estas actuaciones deben ser anuladas y seguir lo que mandan la Constitución y las leyes para procesar a una expresidenta.