Un juicio con sentencia cantada no es un juicio, es un trámite en el que el presidente del Senado, los ministros de Justicia y Gobierno y el Procurador General del Estado presentaron sendas acusaciones contra Jeanine Añez y en coro pidieron 15 años de cárcel.

Así planteado el escenario, ¿era posible que jueces y fiscales tomen una ruta distinta en la “teoría del caso” planteada por Iván Lima? Definitivamente, no. Nada bueno se puede esperar del Ministerio Público dirigido por Juan Lanchipa quien en noviembre de 2019 se dedicó a perseguir masistas y vocales electorales y, un año después, retomó su papel de Torquemada azul.

Tarde o temprano, Áñez hubiera tenido que asumir las consecuencias de sus actos y rendir cuentas ante la justicia por los sucesos de Senkata, Sacaba y el Pedregal, la compra espuria de respiradores u otras acciones ilegales; pero la forma “virtual” en que se desarrolló el juicio del caso Golpe II se asemeja a los tribunales sin rostro en los que el acusado siente la presión de la cuerda pero no puede mirar de frente a su verdugo.

Y así la majestad de la ley se convierte en una putrefacta vestimenta que se ajusta a las hábiles manipulaciones doctrinarias de quienes ejercen el derecho para conseguir todo, menos justicia.

A lo dicho, se añade el anuncio de Evo Morales sobre la definición de una nueva estrategia urdida entre él, el presidente Luis Arce y el ministro de Justicia para instaurar nuevos juicios contra Añez en la vía ordinaria.

Ante la posibilidad de que la exmandataria recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Morales reacciona y afirma que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos “No son mandones, no son patrones, no son gendarmes para imponer; que defiendan la vía y que respeten la soberanía jurídica” (El Deber, 13 de junio de 2022).

Pues bien, corresponde señalar que Bolivia es un Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica. La Convención establece la creación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), y bajo su amparo funcionan la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ambas instituciones son fundamentales para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos. La Comisión, por ejemplo, fue fundamental para denunciar la crueldad de las dictaduras argentinas y la Corte, a través de sus fallos y opiniones consultivas, ha administrado justicia, ha identificado vulneraciones de derechos y responsabilidades estatales en centenares de casos, y ha señalado sanciones y reparaciones.

De hecho, en relación con Bolivia existen casos emblemáticos respecto al debido proceso -caso Andrade Vs. Bolivia-, desapariciones forzadas -casos Ibsen y Trujillo Vs Bolivia-, derechos sexuales y reproductivos -caso I.V. Vs. Bolivia- o la protección de refugiados y migrantes -caso Pacheco Tineo Vs. Bolivia-.

Entonces, la Comisión y la Corte IDH no son “mandones, patrones ni gendarmes”; son instituciones que surgen de grandes consensos que establecen obligaciones de los Estados respecto a sus ciudadanos y ante la comunidad internacional.

En consecuencia, cuando una persona o una colectividad consideren que el Estado vulnera sus derechos tienen la potestad de acudir al Sistema Interamericano o al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar los abusos y demandar un freno a los excesos y arbitrariedades.

Por lo tanto, no puede y no debería existir autoridad democrática que invoque la “soberanía jurídica” para aplicar normas o procesos que violen garantías legales universalmente aceptadas, salvo que Luis Arce pretenda convertirse en el Daniel Ortega de América del Sur.

Y Morales ya ha señalado el camino. Ha declarado que en “un acto de dignidad” Bolivia debería dejar la OEA (La Razón, 17 de mayo de 2022). Arce también dijo lo suyo al expresar que la OEA es una organización “obsoleta e ineficaz” (Los Tiempos, 18 de septiembre de 2021).

¿Qué se puede deducir de las mencionadas declaraciones? Que en un futuro no muy lejano, cuando las normas del derecho internacional incomoden demasiado, Evo mande, Lucho cumpla y Bolivia abandone la OEA, para estar a tono con Nicaragua, Cuba y Venezuela, y denuncie los tratados que fijan límites al poder del Estado.

¿Volverá el tiempo de andar con el testamento bajo el brazo? No. Pero las cárceles se llenarán de libre pensantes, opositores y periodistas incómodos al poder; todo por la mitomanía de un abyecto personaje que no se cansa de decir que el pueblo insiste en que él y nadie más que él puede gobernar los destinos de desorientado país.

La amenaza está lanzada.