Evo Morales ha revelado que el juicio ordinario y la condena contra Jeanine Áñez Chávez se decidió en una reunión política del MAS, y tiene el objetivo fundamental de blanquear el monumental fraude electoral. La sentencia, entonces, no será el fin de este episodio sino el medio para seguir insistiendo en la posverdad del golpe de estado y esconder la delincuencial manipulación de las elecciones generales. Sin embargo, una sentencia (política) no puede cambiar la historia, menos borrar los hechos —ilegales e inconstitucionales— que sucedieron en los comicios de 2019.

El fraude electoral se hizo en presencia de casi 100 veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Ellos compartieron la “escena del crimen”, esto es, el cambio de tendencia en favor de la segunda vuelta hasta el 83% del conteo nacional. Pero el corte abrupto del conteo por más de 20 horas, hizo que “ganara” el candidato oficial Evo Morales.

El MAS planificó rigurosamente el crimen, con meses de anticipación, recursos económicos abundantes y el soporte tecnológico de última generación. El gobierno aceitó toda la maquinaria estatal y montó una campaña exponencial para anestesiar al electorado de que todo era democrático y constitucional. El gigantesco fraude electoral, provocó un profundo malestar en la ciudadanía, especialmente en los jóvenes tanto en Bolivia como fuera de nuestras fronteras.

La expresidenta recibió un país literalmente ardiendo y al borde de la guerra civil. El MAS no estaba dispuesto a dejar el poder en manos de la reducida bancada Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano. En medio de este polvorín, monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de El Alto, y el señor León de la Torre, embajador de la Unión Europea, convocaron a un diálogo. El primer encuentro se dio el lunes 11 de noviembre en la Universidad Católica. Al encuentro asistió por el MAS, Adriana Salvatierra, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Jerjes Justiniano Atalá, en representación de los cívicos, Oscar Ortiz de la Unidad Demócrata, y Carmelo Angulo, el experimentado diplomático español. Los dirigentes del MAS exigían garantías para Evo Morales.

En simultáneo Jeanine Áñez Chávez pactó una agenda muy concreta con el Movimiento al Socialismo para salvaguardar la legitimidad de la transitoriedad: La designación del nuevo Tribunal Supremo Electoral, convocatoria a nuevas elecciones generales y la pacificación social del país. Pero como el principal reto era pacificar el país, después de complejísimas negociaciones, Jeanine Áñez logró la Ley N° 1266 de 24 de noviembre de 2019, que dejaba sin efecto legal “las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados” y se disponía la realización de “nuevas elecciones generales... para el periodo de mandato constitucional 2020-2025”.

Todo esto evidencia que la asunción de Jeanine Áñez se hizo previo acuerdo con la bancada del MAS. Sin embargo, el oficialismo sigue repitiendo la narrativa del golpe y ha buscado la forma de cargarle todo a Jeanine Áñez Chávez, incluso, la pandemia y sus secuelas. La exmandataria ha cometido gravísimos errores políticos (incluso hechos reñidos con la Ley), pero nada justifica su condena, por un hecho punible inexistente y cargándose las garantías del debido proceso.

En general, el proceso penal está para garantizar los derechos de las partes, y debe cumplir unos determinados estándares básicos para su validez y legalidad. Y cuando el proceso deja de honrar esa finalidad y se utiliza para vulnerar derechos fundamentales (como ocurre en el caso de Jeanine Áñez), pierde legitimidad y razón de ser como medio civilizado de resolución de conflictos.

Toda esta carnicería judicial contra Jeanine Áñez busca generar zozobra y tapar el “megafraude” de los huidos. Pero, ¿Por qué tanta bronca contra Jeanine Áñez y las mujeres bolivianas? ¿Por qué el MAS instrumentaliza el aparato del Estado para condenar a la exmandataria? ¿Por qué el MAS se valentona con una mujer indefensa, que no tiene partido político ni quién la defienda? Este proceso profundiza la crisis judicial y pone en evidencia que la justicia está al servicio del poder político.