Hace un año, el Tribunal Supremo Electoral dio inicio a las Jornadas deliberativas hacia una Ley de Organizaciones Políticas, tomando en cuenta que la actual Ley de Partidos Políticos está vigente desde 1999 y requiere adecuarse a los cambios que ha vivido el país, desde la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en el año 2009.

 De esa manera, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) convocó a representantes de la sociedad civil, organizaciones políticas, indígenas y de mujeres, entre otras, para recoger propuestas que contribuyeran a la formulación de un anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas, en el marco de los nuevos desafíos que plantean la paridad y la interculturalidad en la democracia boliviana.

 Una primera parte del proyecto de ley se refiere a las organizaciones políticas,  las formas de democracia y los requisitos para la constitución de partidos políticos, y agrupaciones ciudadanas.  Se contempla la inclusión de mujeres y hombres de manera paritaria en el registro de su militancia y el respeto de la paridad, y alternancia en la selección de los integrantes de su estructura orgánica.  

 Además de contar con un régimen de género, que debe ser garantizado en lo funcional, administrativo y presupuestario, se plantea la elaboración de protocolos internos para la prevención, atención de denuncias y sanción del acoso, y violencia política hacia las mujeres, que incluyan procedimientos e instancias competentes.

 En ese sentido, si una organización política incumple tres resoluciones emitidas por los tribunales electorales en casos de acoso y/o violencia se cancelará su personería jurídica.

 Esta medida es fundamental, puesto que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Observatorio para la Paridad Democrática, presentó en mayo un informe que daba cuenta de 65 casos de acoso y violencia política hacia las mujeres en el país. Un fenómeno que sufren las autoridades mujeres para obligarlas a renunciar al cargo de manera ilegal.

 También se definen como infracciones graves  no aplicar el principio de paridad y alternancia entre mujeres y hombres en las listas de candidaturas para un proceso electoral, pudiendo las organizaciones políticas ser suspendidas de participar en las elecciones. 

 Así mismo, se prevén mecanismos que promuevan la participación efectiva de mujeres, jóvenes y  representantes de los pueblos indígenas, originarios y campesinos.

En cuanto a la democracia interna que determina la deliberación, la toma de decisiones, renovación de liderazgos, la definición de directivas y elección de dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas, se incluirá el 50% de mujeres y 50% de hombres en su composición. 

 Entre los derechos y deberes, se establece el derecho al disenso de sus militantes y a ejercer sus derechos políticos libres de toda forma de acoso y violencia política. Al respecto, es necesario aclarar mejor el concepto de transfuguismo político, ya que asumir una posición política distinta o contraria a la organización política no puede ser considerada como tal.  

 Por último, en relación al financiamiento y fiscalización, se propone un modelo mixto, compuesto por financiamiento público y privado. Según el proyecto de ley, el propósito de ello es garantizar el pluralismo político, mayor igualdad en la competencia electoral y mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas. La asignación de recursos estatales directos e indirectos para organizaciones políticas, será destinada al fortalecimiento de su vida orgánica, el fortalecimiento de su democracia interna y en la renovación de liderazgos en el interior de las fuerzas políticas.

Respecto a la fiscalización, se propone ampliar las competencias del OEP para la supervisión, acompañamiento y sanción; así como habilitar su competencia para el tratamiento de situaciones de violencia y acoso político hacia las mujeres.

Esperemos que las organizaciones políticas asuman el reto de profundizar la democracia interna y acepten el desafío de la paridad e interculturalidad para avanzar hacia una sociedad más plural e igualitaria.

 
Elizabeth Salguero Carrillo es comunicadora social