Cuando la ciudadanía consideraba que el juicio ordinario de que fue objeto la expresidenta Jeanine Añez llegó a su fin, con la sentencia judicial de cárcel por diez años, se ha encontrado que ese proceso no solo no ha concluido, sino que más bien recién está empezando y durará tiempo insospechado.
Esa es una de las primeras conclusiones que se puede obtener de esa acción judicial contra la exmandataria, acusada de incumplimiento de debes constitucionales y resoluciones contrarias a la Constitución, sentencia dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, formado por Germán Ramos, Marco Antonio Vargas y Liz Rocío Avilez en atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía, Procuraduría y Andrónico Rodríguez.
En forma concreta, una de esas dificultades es la declaración de Evo Morales, quien afirmó en la emisora radical Kausachun Coca que él y altas autoridades se pusieron de acuerdo en el Chapare para que la exmandataria fuese juzgada por vía ordinaria y no por juicio de responsabilidades. Tal declaración expresa textualmente: “La sesión convocada por el hermano presidente Luis Arce, estaba David Choquehuanca, Vicepresidente; Iván Lima, Ministro de la Presidencia, Pacto de Unidad, no todos, jefes de bancada de senadores y diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no de responsabilidades”. Afirmación que fue considerada como directa intervención del Órgano Ejecutivo en el Orden Judicial y que hizo opinar que “a confesión de parte, relevo de prueba”, en cuanto a la falta de independencia del Órgano Judicial.
A ese escollo se suma el anuncio de que Jeanine Añez recurrirá al recurso de apelación, demandando la complementación y enmienda a la determinación contra su persona. Mientras, por otro lado, también Evo Morales y sus seguidores anunciaron que también presentarán otra apelación, reclamando porque la sentencia de diez años a Añez es benigna y que, en cambio, debe ser condenada a mayor tiempo de cárcel.
Otros problemas no escasean. Falta por realizarse el proceso por el caso Golpe I y a éste se suman otros, entre ellos enjuiciar como cómplices del derrocamiento del gobierno de Evo Morales, el 19 de noviembre de 2019, a varios personajes, culpados por ser autores intelectuales de la insurrección popular de su inspiración. Acciones judiciales que, además de mantener en vilo a la población, podrían servir para crear un ambiente de tensión, con proyecciones relacionadas con la crisis general de la actividad política y los avatares de la económica, originada en cuestiones internas y externas, como la invasión rusa a Ucrania.
Por si fuera poco, las presiones internacionales están llegando a nivel insostenible para resolver acusaciones de sometimiento judicial ante el Poder Ejecutivo.