El protagonista de los límites al poder es por esencia el Tribunal Constitucional Plurinacional, que inclusive conoció acciones en su jurisdicción en el caso que el país conoció como “golpe de Estado II”, el proceso por los actos de ejercicio del poder desde su toma, la aplicación ilegal de la sucesión presidencial, el quebrantamiento del orden constitucional y la interrupción democrática en el país.

Hoy, pese a que la sentencia no está ejecutoriada, por principio, todavía se presume la inocencia de los sentenciados hasta que el fallo condenatorio adquiera calidad de cosa juzgada; esa resolución es la prueba judicial que sostendrá en el tiempo “la tesis del golpe”, por ello nos permite concluir en dos realidades ante el pueblo boliviano: el ejercicio pleno del debido proceso y el descarte de la tesis del juicio de responsabilidades por los actos preparatorios, no así por el ejercicio de funciones de gobierno.

El ciclo de recursos jurídicos no está cerrado. Aún no está ejecutoriada la sentencia por ello existen probabilidades judiciales en el caso Añez frente al “gobierno de los jueces” así como planteara en 1921 Edouard Lambert en la realidad jurídica social americana.

Leída que fue (Art.361 CPP) la sentencia condenatoria (y así como se anunció) se impugnará la misma. Para formalizar la apelación restringuida (Art. 407 CPP) se tiene hasta 15 días luego de ser notificados con la misma. Luego 10 días para que la otra parte procesal responda a las apelaciones. Ahí el tribunal de sentencia tiene hasta tres días para remisión a tribunal de alzada. Sorteada una de las salas penales, se señalará en 10 días audiencia oral de apelación y luego se tienen 20 días para emitir un auto de vista.

Esta resolución judicial puede: confirmar la sentencia de 10 años, reducir o incrementar la pena, o disponer la absolución de la condenada y ordenar su libertad inmediata. No hay que olvidar que una de las salas penales en el TDJLP ya resolvió que Jeanine Añez no sea más juzgada en la justicia ordinaria, sino vía juicio de responsabilidades por el caso EBA. Ese auto de vista también puede ser impugnado vía recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo auto supremo de igual modo puede revocar o confirmar ese fallo de segunda instancia o reiniciación d juicio.

Luego recién podría ejecutoriarse la sentencia condenatoria si persiste el tenor inicial del fallo judicial de 10 años.

Mucha atención en esa fase. El alcalde d Cochabamba logró (en ejecución de sentencia) mediante un amparo constitucional la suspensión de la misma hasta un pronunciamiento del TCP. Vía analogía constitucional y como medida garantista cautelar pueden solicitar de igual modo (hasta) la libertad de la procesada previa la emisión de una sentencia constitucional.

Finalmente; ya en fase de ejecución puede activar el recurso de revisión extraordinaria de sentencia (Art 421 CPP) y con nueva prueba y otras seis causales frente al TSJ pida le revoquen la pena. Eso es el debido proceso.

El debido proceso es un principio jurídico procesal, derecho humano y garantía convencional. No dos veces por la misma causa (non bis in idem) dispone la norma constitucional en su Art. 117.II.: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena”, por tanto, sería vulneratorio a sus derechos humanos que por los mismos hechos (que fueron los actos preparatorios a la tomar del poder político entre el 10, 11 y 12 de noviembre del 2019) vuelvan a procesar y condenar a la señora Jeanine Añez. Por ello sí le corresponde ahora un juicio de responsabilidades por el ejercicio de funciones de su régimen de transición.

La declaración DC 01/2020 del TCP es la que restableció el orden (la normalidad) constitucional y generó jurisprudencia vinculante sobre: la inminencia del vacío de poder (nominal no así real), la aplicación holística de la “norma principio sobre la norma regla”, la prevalencia de la organización de cuatro órganos de poder como base fundamental, convocatoria a elecciones generales y subnacionales y finalización de periodo legislativo; dando por bien hecho lo ocurrido por el mando político en Bolivia aplicada la sucesión, no así a partir de un comunicado de prensa y un presunto aval constitucional como se mal advirtió en su momento.

Es decir que el TCP legitimó funciones del régimen de transición del Ejecutivo (presidido por Añez) y le extendió funciones más allá del tiempo (cinco años) de un periodo constitucional, lo mismo hizo con el Legislativo (con Eva Copa), nueve gobernadores y más de 330 alcaldes de todo el país.

Tanto SSCC como DDCC tuvieron largamente en la historia de nuestro sistema jurídico decisiones vinculantes a la coyuntura que trascendieron las realidades políticas y manejo del poder en Bolivia. Así encontramos: DC 03/2001 sobre la línea vicepresidencial de la sucesión constitucional, la DCP 03/2013 que interpretó el inicio del periodo de reelección a partir del 2009, la DCP 193/2015 sobre la Ley de Reforma Parcial a la CPE respecto el famoso artículo 168 que derivó en el Referéndum del 21-F, la SCP 032/2019 que dispuso la no renuncia de funcionarios públicos en cargos electivos para presentarse en esa condición a nuevos comicios, y la controversial SCP 084/2017 que interpretó a la reelección indefinida como derecho humano.

Varios de estos precedentes tienen que modularse en cuanto a sus contenidos porque son contradictorios ante la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, tratados internacionales en materia de derechos humanos que están por encima de nuestra CPE bajo la nomenclatura constitucional de los artículos: 13, 256 y 410 del bloque de constitucionalidad.

Por ello, me adhiero al pronunciamiento del relator de la ONo, García Sayán sobre que “tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la Presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”; porque la observación hace referencia al enjuiciamiento por los actos de gobierno en el ejercicio de funciones, contrariamente la sentencia que condena con 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la CPE no aborda el tiempo de gobierno del régimen de transición.

Interpretando la afirmación del relator, coincide entonces en que las masacres por Senkata y Sacaba deben ser juzgadas vía dos tercios de la ALP, y cuyas muertes hoy siguen en la impunidad. Mucha atención con el “gobierno de los jueces” en casos de connotación política.

Israel Adrián Quino Romero / Abogado y periodista