El Gobierno boliviano llamó este domingo a la "reflexión" al relator especial de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, para que se apegue a los "códigos" que regulan su trabajo tras conocerse unos mensajes sobre el proceso judicial de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.
El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó este domingo en el canal estatal Bolivia Tv que un funcionario del nivel de García-Sayán "debe tener su comportamiento atado al reglamento que regula sus funciones en todo momento" tras publicar unos mensajes en Twitter.
Según Lima, esos mensajes "no tienen contexto" y debieron permitirles "dar todos los argumentos y poder responder en ese contexto".
Esta semana, el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados se pronunció sobre la sentencia de 10 años a la exmandataria Jeanine Áñez en el marco del caso conocido como "golpe de Estado II".
El relator expresó que le preocupaba lo "revelado" por el expresidente Evo Morales sobre una "reunión política entre líderes del Gobierno y del partido de Gobierno, en que habrían acordado que la señora Áñez sea sometida a un proceso ordinario y no a juicio de responsabilidades".
Además, señala que la Justicia boliviana omitió "analizar y pronunciarse sobre hechos graves" como las muertes en Sacaba, en la central Cochabamba, y Senkata, en El Alto, durante la crisis de 2019.
Asimismo, sostuvo que Áñez tiene derecho a un "juicio de responsabilidades".
Lima, por su parte, aseveró que el Gobierno boliviano es "respetuoso" de los reglamentos, por lo que expresarán su posición al respecto en su intervención el próximo martes, luego de que García-Sayán presente su informe final en Ginebra ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (OACNUDH) sobre su visita a Bolivia.
El relator de la ONU visitó Bolivia, en febrero pasado, para realizar una valoración de la situación de la Justicia y sostuvo reuniones con altas autoridades y líderes de partidos políticos, entre otros.
En el informe final de esa visita, publicado el mes pasado, se establece que el proceso contra Áñez "pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de Justicia como la generalización de la detención preventiva".
LAS OBSERVACIONES
El ministro de Justicia también se pronunció sobre las seis observaciones que dio a conocer la OACNUDH respecto al proceso judicial de Áñez.
"Son aspectos procesales que se van a superar, que se van a mejorar y que los vemos con un espíritu constructivo, hay que mejorar la Justicia penal en el país, para eso estamos trabajando", indicó Lima.
Entre las observaciones de la OACNUDH está el tipo penal de "incumplimiento de deberes" que es "incompatible con el principio de legalidad" por ser muy amplio y ambiguo.
También la ONU observó el "uso excesivo de la detención preventiva" y que las audiencias hayan sido en formato híbrido, es decir presenciales y virtuales, debido a la pandemia de la covid-19, en el que los acusados no estuvieron presentes.
Asimismo, cuestionó que el tribunal no haya exigido la comparecencia de los testigos y la participación numerosa de las partes acusadoras.
LA SENTENCIA
El ministro también hizo referencia a la lectura de la sentencia de Áñez que se realizó esta semana y señaló que es un precedente "histórico" para el país para que no vuelvan a suceder estos hechos.
De la misma manera, sostuvo que de acuerdo con los argumentos de la sentencia, en Bolivia "nunca hubo vacío de poder" y quien debía suceder al cargo era la exdiputada oficialista Susana Rivero y no Áñez.
"Ella se adelantó en un plan que había sido trazado para dar un golpe de Estado en el país", señaló Lima sobre la exmandataria transitoria.
EL CASO CONTRA JEANINE ÁÑEZ
La expresidenta transitoria Jeanine Áñez está detenida preventivamente desde hace más de un año en una prisión en La Paz y fue condenada recientemente a 10 años de cárcel por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
El argumento del Gobierno y del MAS para procesar a Áñez por la vía ordinaria fue que, siendo senadora y segunda vicepresidenta del Senado, se "autoproclamó" presidenta tras la renuncia masiva de Evo Morales y de toda la línea de sucesión, mientras que la defensa argumentó un vacío de poder, durante la crisis de 2019.
La exmandataria tiene otros casos en la vía ordinaria como el caso "golpe de Estado I", por el que es acusada de delitos como terrorismo y conspiración por la crisis de 2019.
En ese año se llevaron a cabo en Bolivia unas fallidas elecciones, en medio de acusaciones de fraude, que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y su denuncia de un presunto golpe de Estado en su contra.
El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó este domingo en el canal estatal Bolivia Tv que un funcionario del nivel de García-Sayán "debe tener su comportamiento atado al reglamento que regula sus funciones en todo momento" tras publicar unos mensajes en Twitter.
Según Lima, esos mensajes "no tienen contexto" y debieron permitirles "dar todos los argumentos y poder responder en ese contexto".
Esta semana, el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados se pronunció sobre la sentencia de 10 años a la exmandataria Jeanine Áñez en el marco del caso conocido como "golpe de Estado II".
El relator expresó que le preocupaba lo "revelado" por el expresidente Evo Morales sobre una "reunión política entre líderes del Gobierno y del partido de Gobierno, en que habrían acordado que la señora Áñez sea sometida a un proceso ordinario y no a juicio de responsabilidades".
Además, señala que la Justicia boliviana omitió "analizar y pronunciarse sobre hechos graves" como las muertes en Sacaba, en la central Cochabamba, y Senkata, en El Alto, durante la crisis de 2019.
Asimismo, sostuvo que Áñez tiene derecho a un "juicio de responsabilidades".
Lima, por su parte, aseveró que el Gobierno boliviano es "respetuoso" de los reglamentos, por lo que expresarán su posición al respecto en su intervención el próximo martes, luego de que García-Sayán presente su informe final en Ginebra ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (OACNUDH) sobre su visita a Bolivia.
El relator de la ONU visitó Bolivia, en febrero pasado, para realizar una valoración de la situación de la Justicia y sostuvo reuniones con altas autoridades y líderes de partidos políticos, entre otros.
En el informe final de esa visita, publicado el mes pasado, se establece que el proceso contra Áñez "pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de Justicia como la generalización de la detención preventiva".
LAS OBSERVACIONES
El ministro de Justicia también se pronunció sobre las seis observaciones que dio a conocer la OACNUDH respecto al proceso judicial de Áñez.
"Son aspectos procesales que se van a superar, que se van a mejorar y que los vemos con un espíritu constructivo, hay que mejorar la Justicia penal en el país, para eso estamos trabajando", indicó Lima.
Entre las observaciones de la OACNUDH está el tipo penal de "incumplimiento de deberes" que es "incompatible con el principio de legalidad" por ser muy amplio y ambiguo.
También la ONU observó el "uso excesivo de la detención preventiva" y que las audiencias hayan sido en formato híbrido, es decir presenciales y virtuales, debido a la pandemia de la covid-19, en el que los acusados no estuvieron presentes.
Asimismo, cuestionó que el tribunal no haya exigido la comparecencia de los testigos y la participación numerosa de las partes acusadoras.
LA SENTENCIA
El ministro también hizo referencia a la lectura de la sentencia de Áñez que se realizó esta semana y señaló que es un precedente "histórico" para el país para que no vuelvan a suceder estos hechos.
De la misma manera, sostuvo que de acuerdo con los argumentos de la sentencia, en Bolivia "nunca hubo vacío de poder" y quien debía suceder al cargo era la exdiputada oficialista Susana Rivero y no Áñez.
"Ella se adelantó en un plan que había sido trazado para dar un golpe de Estado en el país", señaló Lima sobre la exmandataria transitoria.
EL CASO CONTRA JEANINE ÁÑEZ
La expresidenta transitoria Jeanine Áñez está detenida preventivamente desde hace más de un año en una prisión en La Paz y fue condenada recientemente a 10 años de cárcel por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
El argumento del Gobierno y del MAS para procesar a Áñez por la vía ordinaria fue que, siendo senadora y segunda vicepresidenta del Senado, se "autoproclamó" presidenta tras la renuncia masiva de Evo Morales y de toda la línea de sucesión, mientras que la defensa argumentó un vacío de poder, durante la crisis de 2019.
La exmandataria tiene otros casos en la vía ordinaria como el caso "golpe de Estado I", por el que es acusada de delitos como terrorismo y conspiración por la crisis de 2019.
En ese año se llevaron a cabo en Bolivia unas fallidas elecciones, en medio de acusaciones de fraude, que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y su denuncia de un presunto golpe de Estado en su contra.
