Cómo fuera si la reforma judicial no hubiera sido declarada y anunciada públicamente por el Gobierno central como “una prioridad en el Estado Plurinacional de Bolivia”, tal como lo reafirmó en agosto del año pasado el ministro de Justicia, Iván Lima. En esa oportunidad, el Ministerio de Justicia aseguraba en su portal: “La reforma judicial pisa el acelerador y avanza a paso firme”. Aunque ya para entonces iba quedando claro que, a pesar de los anuncios oficiales, el proceso no sólo marchaba lento, sino que no marchaba, literalmente. 

No marchaba en absoluto desde diciembre de 2020, cuando se conformó la comisión de expertos anunciada por el ministro Lima a fines de noviembre del mismo año. Una paralización asumida recién a fines de marzo del presente año por el mismo Ministro, al anunciar la postergación sin fecha de la cumbre política que debía realizarse como parte del proceso de reforma. “Pensábamos que marzo era una fecha prudente, parece ser que esto (la cumbre) no se va a poder dar este mes”. En realidad, “parece” fue una palabra que estuvo por demás en la declaración. Tal cumbre no se realizó en marzo, ni tiene miras de realizarse ahora, ni en un futuro inmediato.

Un congelamiento del proceso de reforma judicial que, si reelemos con atención la nota publicada en el portal del Ministerio de Justicia en agosto del año pasado, ya era parte de una decisión política de la cúpula de Gobierno. Los dos últimos párrafos de la nota, antecedidos por el subtítulo “Reforma judicial como proceso institucional, no como chantaje político por impunidad”, así lo demuestran. Aludiendo al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), esos párrafos hablan de “gobierno de facto”, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y “juicios a autores del golpe”, mismos que “a oposición política estaría condicionando a una previa reforma judicial.

Da para entrever una decisión política de la cúpula gubernamental: no habrá reforma judicial antes de que se concluyan los juicios que el MAS impulsa contra todos quienes participaron del gobierno transitorio presidido por Jeanine Áñez, a quienes espera ver entre rejas y condenados a largos años de prisión, tal como ha logrado hacer ya con la expresidenta Áñez. Si esta lectura está errada, que presenten las pruebas que así lo demuestren, como suelen decir los abogados y administradores de Justicia. Amalaya fuera una apreciación errónea. Lamentablemente, los hechos corroboran la sospecha (o certeza, en realidad) de que el Gobierno no está dispuesto a acelerar el proceso.

Teniendo en claro esto y siendo conscientes de que, a pesar de esa apuesta contraria a la reforma judicial, ésta es urgente para Bolivia y para cada uno de los bolivianos, ¿qué resta hacer desde la sociedad civil? ¿Resignarse? ¿Limitar la reacción a uno que otro artículo o desahogo en tertulias ocasionales entre amigos? ¿Esperar a ver si acaso dan fruto los intentos de impulsar el proceso que vienen realizando varios grupos de abogados, líderes de opinión y algunos políticos, un par de ellos ya con propuestas de reforma judicial trabajadas y pasadas a limpio?

No hay nada claro en perspectiva y a corto plazo. Nada que aliente la esperanza de un sacudón en este proceso de reforma judicial estancado, congelado por voluntad de las cúpulas del MAS y por la dispersión y hasta apatía de los sectores que se declaran a favor de la reforma judicial. Una constatación preocupante, más aun ahora cuando se vaticinan momentos de alta conflictividad por dos vertientes identificadas, entre otros analistas, por Gustavo Pedraza: una nueva fase autoritaria del Gobierno, ya activa, y otra de conflictos sociales por el impacto de una crisis económica de difícil contención.