“Lamentamos que en nuestro país el sistema judicial haya sido secuestrado por quienes detentan el poder político, convirtiéndose en un instrumento de represión a la libertad de pensamiento, afectando al Estado Constitucional de Derecho y la democracia (…) los Juristas Independientes alertamos que una mantenida conducta autoritaria de los gobernantes y, peor, un desconocimiento tan grosero de la independencia judicial de parte de los mismos, puede dar lugar al desconocimiento abierto de la Constitución, como ocurrió el año 2017 con la ilegal Sentencia Constitucional 0084/2017 que desató la penosa crisis del año 2019”.

Este “pronunciamiento” de los juristas Independientes fue emitido el lunes 13 de junio, inmediatamente después de que el expresidente Evo Morales revelara públicamente que la decisión de enjuiciar a la expresidenta Jeanine Áñez se la tomó en una reunión política entre el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, el propio Evo Morales, el ministro Lima y varias otras autoridades y dirigentes del MAS.

El viernes 10, en horas de la noche se había dictado la parte resolutiva de la sentencia contra Jeanine Áñez, condenándola a 10 años de reclusión por haberse “autoproclamado” presidenta y, a todas luces, la reacción inmediata de Evo Morales pretendía atribuirse ese “triunfo”.

El cálculo fue equivocado. El miércoles 15 todos los medios de comunicación publicaron cinco textos de tuit que Diego García-Sayán había difundido en la víspera: “Bolivia; preocupa lo revelado este domingo por el ex presidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno acordando que la Sra. Áñez sea sometida a juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades (…) las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional (…) La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación o revisión, si se presenta”.

Evo Morales tardó sólo horas en afirmar que había sido tergiversado, pero ante la difusión de la reacción internacional no tuvo mejor idea que arremeter contra el Relator de la ONU, acusándolo de “someter a la justicia para favorecer a responsables de un golpe”, de “apoyar a los golpistas, a la injusticia y a la impunidad”, y de ser “un funcionario internacional (que) imita el intervencionismo militar de la OTAN para convertirse en instrumento del intervencionismo judicial”.

El Gobierno no se ha pronunciado. Después de festejar como “histórico” el texto condenatorio de la sentencia, ha mantenido silencio frente a la “revelación” evista y más silencio aun, después del reclamo del Relator de la ONU. Nadie ha desmentido la reunión en la que se decidió la jurisdicción que le correspondería a Áñez, aunque se han relativizado sus alcances, pero no ha habido reacción oficial a las opiniones de García-Sayán que, por lo demás, este lunes 20 de junio presentará su informe de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Algunas conclusiones preliminares de lo ocurrido:

1. El expresidente Evo Morales ha develado que la responsabilidad de la intromisión gubernamental en el órgano judicial está radicada en el máximo nivel de conducción estatal, a la cabeza del presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca; de ahí que el enjuiciamiento y la condena a la expresidenta Áñez por “incumplimiento de deberes” obedezca a una decisión política del MAS, dejando de lado la Constitución y las leyes. 

2. El interés político condenatorio del gobierno y del MAS tendría objetivos más allá de la expresidenta Áñez y sus colaboradores; pretendería iniciar otra escalada persecutoria contra varios líderes opositores protagonistas de la movilización ciudadana durante la crisis de 2019. Así lo han anunciado las organizaciones sociales dependientes del Gobierno y su partido.

3. Difícil saber si esa visión autoritaria es unánime en el Gobierno y en el MAS, ya que se manifiesta en un momento de rencillas partidarias por el liderazgo y las candidaturas, amén del estancamiento gubernamental frente a las crisis económica y social.

4. Esas pugnas intestinas y las incapacidades de gestión pública no pueden ni deben poner en riesgo la ya precaria convivencia democrática, porque si no estaríamos regresando al camino equívoco que nos llevó a la crisis de 2019, luego del desconocimiento de la Constitución y la voluntad popular.

5. Urge, ahora más que antes, impulsar esa gran cruzada nacional por la justicia, para recuperarla del secuestro, para impulsar su reforma estructural y, cómo no, para frenar los impulsos autoritarios de los gobernantes.