Los aprietos del país son cada vez menos incidentales. El mensaje de Evo al Gobierno ha sido de fondo: la gobernabilidad depende de la calle, compañeros. A manera de recordatorio, Evo ha ofrecido el menú de los bloqueos en San Julián, el cerco a la Alcaldía de El Alto y los conatos de malestar chapareño.

La conclusión es una: no hay gobierno sin transar con los titulares de la calle y uno de los principales adora el tambaquí y reside en el Chapare. Los liberales acabaron de comprenderlo el 2005, luego de un doctorado intensivo inaugurado por Felipe Quispe el año 2000. García Linera repetía por eso que la gobernabilidad ya no depende solo de una mayoría parlamentaria. Y el Gobierno de Arce ha tenido que sujetarse a ese axioma. Cuidando cada palabra, Hugo Moldiz dijo estos días la verdad en la TV: sin el colchón social y político de Evo, el Gobierno se arriesgaría a no concluir su mandato. De eso se trata.

Vivimos aún el ciclo cuyos datos estructurales se vieron en octubre de 2003 y se profundizaron posteriormente. Incluso la apurada reacción de Evo ante las ondas inmanejables del gasolinazo de 2010 se puede leer hoy como una admisión de cuán supremo es este orden, capaz de aplicarse a uno de sus inventores.

Solo episódicamente el Estado ha subvertido el orden; por ejemplo, ante los excesos cooperativistas el 2016, pero no sin muertes, comenzando por la del viceministro que legitimó la arremetida estatal. El 2019, Evo no pudo o no quiso sacar a la fuerza pública, pero las brigadas de choque asomaron la cabeza. Luego, quienes refrendaron la salida de los militares el 2019 repitieron calcada la experiencia de octubre de 2003.

El orden imperante se viste con el traje de los débiles y las víctimas, pero no por eso es frágil. Prisionero de su conciencia culpable por la injusticia secular, hace rato que el país dejó de creer que el Estado es guardián del orden público. Evo dictó el último Estado de Sitio, pero no en El Alto o en Santa Cruz, sino modestamente en Pando. En abril de 2000, Banzer hizo una parodia de Estado de Sitio, pinchado por la insubordinación policial. Otro motín, ya casi lo olvidamos, también fue protagonista en febrero de 2003, como para que Evo no lo tome por el lado personal. Nadie tiene el monopolio de la violencia legítima; por lo menos, no el Estado. Esa realidad carga los rasgos de una regla constitucional, aunque no esté escrita.

La oposición en vísperas de ser enjuiciada comparte, por su lado, algo de la debilidad que hizo de la expresidenta Añez el primer trofeo de este capítulo. Con la salvedad de Camacho en su región, el grueso de esa oposición no incide en la calle y, además, responde al perfil parlamentario o tecnócrata en el que se forjó hace décadas, fuera del clima actual. De algún modo, es como si personajes de los años 20 o 40 compitieran con el MNR de los años 50 o 60. A juzgar por las encuestas, ninguno de aquellos políticos expresa al grueso de la base opositora. Evo está dispuesto a suncharlos, entonces, hasta tocar hueso, manteniendo la iniciativa a la mala.

Ese embate, sin embargo, puede encender otra vez las alarmas de una sustancial porción del electorado que venció el referéndum de 2016 e impidió la relección. El evismo y la oposición más iracunda se prepararían así para el pugilato. Nadie sabe si sería como el de 2019, pero ambos bloques presumirán que aprendieron la lección de cómo no perder la partida. La fuerza pública tendría los incentivos para desentenderse, al igual que los mediadores. Si llegara la ocasión, estaríamos expuestos hasta que predomine la más torva de las brigadas de choque.

La ofensiva de Evo puede abrir paso, así, a quienes, entre sus enemigos, creen que no hay opción sino jugar al albur de la ley del más fuerte y alterar el orden de una vez, sin reparar en el costo. Esos que suponen que la caída del MAS el 2019 no se consolidó no por el exceso, sino por la falta de fuerza. Y hay entre nosotros pocos que lleven en mente esa filosofía que bien resumía Oscar Wilde: “Perdona siempre a tus enemigos; nada les molestará más”.