La Misión Técnica en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (NNUU) para los Derechos Humanos observó ayer, a través de un comunicado público, el tipo penal de “incumplimiento de deberes” por ser “amplio y ambiguo”, pero además la falta de “equilibrio procesal” y la detención preventiva, y tres observaciones más a la sentencia de 10 años de cárcel a la expresidenta Jeanine Añez.

“El tipo penal de ‘incumplimiento de deberes’, como han reconocido diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, sostiene el comunicado de la instancia internacional en su primera observación, sobre uno de los delitos por los que Añez fue sentenciada por el caso Golpe II el pasado 10 de junio por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz.

El documento aclara que la “observación” al proceso judicial “se realizó a invitación de las autoridades competentes y tras ser aceptada por el Órgano Judicial y las partes del proceso”.

Uso excesivo de detención

En el segundo punto, las NNUU se refirieron a la detención preventiva, por más de un año y casi tres meses que lleva la expresidenta Añez, como una “acumulación de detenciones preventivas”, situación que vulneró los derechos humanos.

“El uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar es un desafío estructural en el país, como han señalado diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. En el proceso judicial se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos”, explica el documento que ayer fue difundido públicamente.

Desequilibrio procesal

En su sexto punto, habla de que existió un desequilibrio procesal al tener hasta a cuatro instancias en contra de las partes acusadoras. “Entre las que se encontraban la Fiscalía General, la Procuraduría General, el Ministerio de Gobierno y un senador, que afectó el equilibrio procesal, entre otros, en la posibilidad de proponer pruebas, en la confrontación de testigos y en la presentación de alegatos”, sostiene.

En su tercer punto, el comunicado habla de las audiencias del formato virtual e híbrido que se realizaron por la pandemia del coronavirus, pero que “tuvo un impacto en el principio de publicidad, respecto al acceso físico del público en general y de los medios de comunicación”. El 4 de abril, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó protesta por la exclusión de periodistas de la audiencia virtual, dentro del juicio a Añez.

En el cuarto punto, el documento de las NNUU se refirió a los juicios en “ausencia” o “en rebeldía”, que a juicio de la instancia internacional se deben evitar por el impacto que puede tener en el derecho a la defensa de las personas, pero además observó el papel de la Defensa Pública de los acusados.

“Esto resultó en una participación procesal poco activa de la Defensa Pública, por ejemplo, en lo referente a la presentación de pruebas”, destaca el reporte oficial de las Naciones Unidas. Los otros sentenciados fueron Williams Kaliman Romer y Yuri Calderón a 10 años de cárcel, y Jorge Fernández y Sergio Orellana a cuatro años de presidio.

Y en el quinto punto, NNUU observa que la falta de comparecencia de testigos afectó a las partes. “El acceso a la prueba testifical por las partes pudo haber sido facilitado en mayor medida. La decisión del Tribunal de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales”. El jueves, César Muñoz, representante de Human Rights Watch en una entrevista con Deutsche Welle, señaló que “la falta de independencia de la justicia en Bolivia es grave”, al referirse a la sentencia a Añez.

Mientras que el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, ratificó el martes que en casos como el de la expresidenta “tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”.

Sobre el comunicado de las NNUU, el abogado Israel Quino sugirió tomar muy en cuenta las observaciones. “No se puede minimizar este pronunciamiento que deja entrever hechos no regulares en el procesamiento de la exsenadora Añez y que el día de mañana podrían motivar un juicio internacional en el propio sistema interamericano de Derechos Humanos demandando al Estado boliviano y exigirle reparaciones del daño a partir de estos pronunciamientos”.