Contrariamente a lo que sentía la mayoría del pueblo boliviano, la expresidente Constitucional Jeaninne Añez, fue condenada a 10 años de cárcel por sentencia del Tribunal que la juzgó por “incumplimiento de la Constitución y deberes”. La sentencia, injusta por muchos motivos, contradice lo expresado por la Carta Magna y vulnera seriamente los derechos humanos. La Dra. Añez, asumió la Presidencia cumpliendo todos los requisitos constitucionales y luego de haberse establecido en más de un año de estar apresada, por la falta de pruebas fue juzgada y condenada a cumplir diez años de cárcel.
El país ha recibido indignado el anuncio de la sentencia y la mayoría considera que se trata de un error garrafal porque la Presidente cumplió con las funciones encomendadas y de acuerdo con la Ley de Leyes. Nadie en el campo político, económico y general de la nación objetó sus funciones y, si hubo algo reprochable, para la mayoría fue grave error pretender candidatear en próximas elecciones cuando ella debió concretarse a cumplir con los puntos señalados en el mandato recibido y que era pacificar el país, poner el mayor orden posible en la economía y convocar a elecciones en determinado plazo dispuesto por la Ley de Leyes. Aleccionada y hasta obligada por áulicos que abusaron de su buena fe, cedió a la tentación de pretender la Presidencia en las elecciones que serían convocadas.

No se presentaron pruebas o acusaciones por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; contrariamente a la falsa imputación de incumplimiento de deberes, podría decirse que ella cumplió a cabalidad y si tuvo fallas fue por debilidad con sus colaboradores que no supieron responder a la buena fe de ella y a la confianza que se tuvo por parte de la población.
La condena es, en el entender de la política partidista y especialmente del masismo, un acto de venganza del ex presidente Morales y su partido alegando que ella es culpable de los hechos que dieron lugar a la renuncia al cargo y huida del país del expresidente que nunca tuvo capacidad para gobernar y solo actuó contrariamente a la Constitución y leyes, especialmente en el manejo arbitrario de la economía nacional.
El tribunal que la condenó actuó como tribunal de sentencia en lugar de hacerlo como tribunal de justicia y, además, someterla a un Juicio de Responsabilidades por su condición de exPresidente Constitucional. Ahí radicaría el primer error y, luego, el no haber tenido en cuenta que la sentencia implica desconocer que declarar ilegal la presidencia Añez, se aplicaría el mismo yerro a la candidatura del actual presidente Arce que fue designado bajo los mismos parámetros y condiciones; es decir que todo el procedimiento cumplido hasta ahora podría ser tachado de ilegal y dar como resultado que el gobierno Arce, el Parlamento y demás autoridades estarían cumpliendo funciones que no les corresponde por estar bajo las penalidades de las leyes.
Dados los cuadros que se presenten sobre legalidad o no del régimen de la presidenta Añez, daría lugar a pensarse y creer que vivimos con un gobierno ilegal y lo que correspondería es que se anulen todos los obrados y haya convocatoria a elecciones dictada por el gobierno “ilegal” que asumió el año 2020. Son el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, los Colegios de Abogados, las Escuelas de Derecho, la Jurisprudencia que exista y todos los abogados constitucionalistas los que deberán expresar criterios sobre el caso que se presenta muy complicado; ante esta situación, el señor Luis Arce, el Parlamento y demás funcionarios que actúan como gobierno deberán pronunciarse y, si posible, examinar todo el caso conjuntamente todos los involucrados en el controvertido problema.