En su desmedido afán por recuperar el poder, para lo que trabaja 24 horas al día y siete días a la semana, Evo Morales cae con frecuencia en aquello que se conoce como incontinencia verbal, que lo lleva a hacer revelaciones que desnudan sus estrategias, en ocasiones reñidas con la legalidad, a la que por cierto no le tiene mucho respeto. Recuérdese, a propósito, el penosamente célebre ‘yo le meto nomás y que después arreglen los abogados’.

A ese práctica -inevitable seguramente en un hombre que tiene como casi único oficio hablar, hacer discursos, arengar, planificar estrategias políticas- corresponde la más reciente confesión de que la decisión de enjuiciar a la expresidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria y no por la del juicio de responsabilidades se tomó en una reunión política entre él, el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia Iván Lima, la ministra de la Presidencia María Nela Prada, los dos presidentes de las cámaras legislativas, jefes de bancada del MAS y dirigentes del Pacto de Unidad.

Morales confesó también que se descartó el juicio de responsabilidades porque eso implicaba un debate político en la Asamblea Legislativa, donde su partido, además, no tiene dos tercios de mayoría para aprobar un eventual proceso de esa naturaleza.

“Después del fallo (contra Jeanine Áñez), ya no hay debate sobre el juicio de responsabilidades”, remató el jefe masista.

Si alguien tenía dudas de la legalidad del juicio ordinario contra Jeanine Áñez, ya puede despejarlas por completo: el autor intelectual y principal interesado en condenar a la exmandataria que condujo una transición democrática admitió que todo se decidió en una instancia partidaria.

La ‘justicia’ sólo obedeció las órdenes políticas y no mostró ni el mínimo interés en considerar si le correspondía o no a ella ventilar un proceso que por ley se hace en la Asamblea Legislativa y se llama juicio de responsabilidades.

Después salieron el propio Morales y el ministro Lima a tratar de borrar con el codo lo que se escribió con la mano, con el clásico argumento de ‘me tergiversaron’. En la política boliviana se aprende que cada vez que un político reclama que ‘lo tergiversaron’, es que entones no hubo error, y que, al contrario, se confirma lo que inicialmente se dijo.

En este caso, hay que recordar además que una reunión política cupular como la que mencionó Morales no se realiza en el país hace bastante tiempo, lo que coincide con el período en que se desarrolló el juicio ordinario contra Áñez.

Esta vez la incontinencia verbal del caudillo llegó lejos e hizo eco en las Naciones Unidas, donde el relator especial Diego García-Sayán que hace poco estuvo en misión en Bolivia, expresó su preocupación por la revelación de Morales sobre la reunión política en la que se acordó someter a Áñez a juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades.

El funcionario internacional dijo también que tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato.

Y como era de esperar, el jefe masista reaccionó furibundo para descalificar al relator al que hasta hace poco tenía simpatía, y lo comparó con el intervencionismo militar de la OTAN para convertirse en intervencionismo judicial en Bolivia. ‘Los golpistas racistas tienen sus abogados, no necesitan tener un defensor en la ONU’, expresó rebasando los límites la cordura que se estila en las relaciones internacionales, en este caso además con un tono de agresividad que con seguridad si algo logra en la comunidad internacional es reafirmar lo que se piensa de un dirigente cocalero que en el pasado inspiraba cierta admiración y respeto. Hoy, con seguridad, el sentimiento es otro.