El expresidente Evo Morales, quien se sabe por encima del bien y del mal, en su partido y en el país, confesó sin ningún empacho que llevar a Añez a un juicio por la vía ordinaria fue una decisión tomada por las altas esferas de su partido y por él mismo; decisión a la que el Poder Judicial se sometió obedientemente. Si esto no le pareció grave al exmandatario, sí motivó preocupación internacional, y fue el propio Diego García-Sayán, relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, quien encendió alarmas al respecto.

En una serie de tuits, el Relator expresó su preocupación por las declaraciones de Morales. “Preocupa lo revelado este domingo por el expresidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del Gobierno y del partido de Gobierno, en que habrían acordado que la señora Añez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades”, dijo y agregó que todos los presidentes, independientemente de la forma en que llegaron al poder, tienen derecho a un juicio de responsabilidades.

También dijo que “las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional y que la justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase”.

Recordemos que en febrero de este año, García-Sayán hizo una visita a Bolivia para evaluar la situación de la justicia. “Si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí“, afirmó en esa ocasión.

En mayo se conoció el contenido de su informe final, en el que destaca su pedido de celeridad en la justicia para las víctimas de la violencia política atribuidas a Añez. “Durante su misión, el Relator Especial se reunió con las víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y zona Sur para escuchar sus testimonios y lamentó profundamente que hayan pasado más de dos años esperando justicia”, establece parte del informe presentado. Según García-Sayán, al drama de la impunidad se suma la falta de resultados efectivos frente “a graves violaciones de derechos humanos”.

Las opiniones vertidas por el jurista fueron muy bien recibidas por el MAS. Sin embargo, ahora que el mismo representante internacional se pronuncia sobre el sometimiento de la justicia a las decisiones políticas y sugiere que se reevalúe la posibilidad de reconducir el proceso contra Añez por la vía que manda la Constitución, las reacciones en el oficialismo son de rechazo.

Evo Morales lo acusa. “Un verdadero Relator Especial sobre la independencia de magistrados no puede convertirse en protector de los enemigos históricos del pueblo que masacraron a nuestros hermanos indígenas. Los golpistas racistas tienen sus abogados, no necesitan tener un defensor en la ONU”, tuiteó en respuesta.

La justicia boliviana ya no tiene excusas que disimulen su obsecuencia y sometimiento. Tampoco el Gobierno guarda las formas cuando se trata de sus intereses y éste -la sentencia a Añez y el posicionamiento de su narrativa sobre los hechos en 2019- es prioritario. Sin embargo, la historia se escribe a futuro y es importante escuchar la voz de alerta de la comunidad internacional. Aún estamos a tiempo para resarcir este error jurídico e histórico que puede dañar todavía más a la democracia boliviana y seguir lo que la Constitución determina, que cualquier exmandatario tenga el proceso que le corresponde.

No se trata de salvar a Añez ni de ignorar las violaciones cometidas en ese periodo luctuoso de nuestra historia reciente, sino de no seguir lastimando los principios en los que se asienta el Estado de Derecho en el país, que debe estar por encima de cualquier otra consideración. Ojalá se pueda escuchar con amplitud las sugerencias del relator García-Sayán y reencaminar por la vía del juicio de responsabilidades este proceso.