Una comisión del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) denunció la creciente contaminación por mercurio que estaría sucediendo en los ríos Madre de Dios y Beni, por la dragas y balsas mineras que extraen oro de manera ilegal, vulnerando los derechos de las comunidades.

“Esta situación que se desarrolla desde los últimos 10 años está afectando a la salud de los habitantes de nuestras comunidades, además de afectar a nuestros sistemas productivos, al ecosistema y el ambiente”, indicó la presidenta del TIM II, Mireya Ino, al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del Centro de estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

El Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) se encuentra entre los departamentos de Pando y Beni, en los municipios de San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, el Sena, San Pedro (Pando) y Riberalta (Beni). Tiene una extensión de 407.585 hectáreas tituladas como propiedad de los pueblos indígenas Ese Ejja, Tacana y Cavineño, que habitan en 36 comunidades.

De acuerdo con la Presidenta del TIM II, en 2021 la organización indígena verificó que existían 180 balsas extractoras de oro solo en el río Madre de Dios, en el tramo que cruza al territorio indígena, en áreas que no están autorizadas por el Estado, situación que tampoco es controlada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y por el Ministerio de Minería.

“En los últimos meses, hemos visto con preocupación la afectación a la salud de las comunidades indígenas por la presencia de mercurio que se utiliza para la explotación de oro. Por eso, solicitamos al Ministerio de Salud y las instancias llamadas por ley a realizar los estudios que sean necesarios para determinar el grado de afectación a la salud de las familias de las comunidades que viven en las riberas del río Madre de Dios y Beni”, indicó la Presidenta del TIM II.

La autoridad indígena expresó que en el recorrido que realizaron por el Madre de Dios, evidenciaron que las comunidades Sinaí, Loreto, Genechiquia, Palestina, Trinidacito y Miraflores, que se encuentran en las riberas del río, están siendo afectadas por las balsas y dragas mineras, sin ningún tipo de consulta previa hacia las y los pobladores, afectando no solo al río, sino también a los suelos y por ende a su sistema productivo y ecosistemas de los cuales dependen.

Ino aseveró que este incremento de la explotación y extracción minera no solo pone en riesgo los derechos de los pueblos indígenas que habitan en este territorio, sino también es una amenaza a las instancias de representación de los pueblos indígenas, porque se corre el riesgo de que se promuevan la creación de organizaciones que apoyan la explotación ilegal de minerales y desconozcan las decisiones que toman las comunidades.

“El gobierno nacional y sus instituciones deben garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada de forma obligatoria. Este derecho debe ser aplicado para cada uno de los proyectos que se implementen en el TIM II, y debe realizarse considerando a las 36 comunidades del territorio, nuestra organización y a las autoridades de los tres pueblos que habitamos aquí”, mencionó. (Cejis)