“Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión. Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, expresó García-Sayán, el martes.

Tras aquello, ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que en su despacho piensan que ese caso debe avanzar por la vía del caso de Corte. Sin embargo, indicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe resolver un recurso sobre si la causa mencionada va por la vía ordinaria o a través de un juicio de responsabilidades.

“Tenemos una posición clara como Ministerio de Justicia, nosotros pensamos que las masacres de Sacaba y Senkata tienen que llevarse adelante en un juicio de responsabilidades. Sin embargo, ésa no es una decisión del nivel político, es una decisión del Tribunal Constitucional”, aseveró.

El viceministro Jorge Silva coincidió en que la exgobernante debe ser procesada por caso de Corte por los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba.

El abogado constitucionalista Gonzalo Hidalgo recordó que Morales en 2019, a través de la Cancillería, invitó a la Organización de Estados Americanos a hacer una auditoría, pero que al final descalificó al organismo cuando halló irregularidades en el proceso electoral. Añadió que ahora hace algo similar al cuestionar al relator de NNUU, que fue invitado a Bolivia por la administración de Luis Arce, cuyo partido de gobierno es liderado por el propio Morales.

“Las declaraciones del Relator coinciden en el tema de la injerencia política al sistema judicial, por las propias declaraciones de Morales. El pronunciamiento es un revés internacional, que deja en entredicho al sistema judicial y democrático en Bolivia a nivel internacional”, enfatizó.

El politólogo Carlos Cordero manifestó que lo señalado por el Relator cambió la percepción de la población sobre el proceso contra Añez al evidenciar la injerencia política. Añadió que también es otro revés para Morales.

“García-Sayán invalida y deslegitima la sentencia contra Añez porque hubo la injerencia del poder político. Este pronunciamiento cambia la opinión de la gente sobre el proceso, lo muestra a Morales como autoritario y que el poder político tiene subordinada a la justicia. Hay quienes creen que este proceso es una revancha política”, sostuvo.

Dos delitos

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Silvia Padilla, expresó que con la confesión de Morales, queda en evidencia que las autoridades políticas incurrieron en los delitos de uso indebido de influencias y los jueces del caso, en prevaricato. Añadió que a futuro pueden ser pasibles a procesos penales.

“Queda en evidencia que se han cometido dos delitos: uso indebido de influencias por parte de las autoridades y por parte de los jueces, prevaricato. Pero ahora nadie los investigará porque están todos coludidos”, indicó.

Hidalgo señaló que la sentencia por la vía ordinaria contra Añez deja mal parado al Gobierno en el ámbito nacional como en el internacional. Prevé que haya pronunciamientos de otros organismos, y que sólo quedará afectada la imagen de Arce, porque Morales saldrá beneficiado.

Padilla aseguró que nuevamente queda dañada la fe del Estado. Ello porque la administración gubernamental solicitó la presencia e informes de García-Sayán y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero no acata ninguno de esos documentos.