De un tiempo a esta parte, intentos desestabilizadores son reportados en algunos de los municipios del país, particularmente aquellos en los que el MAS tiene presencia, pero no controla el poder.

Eso ocurre, por ejemplo, en El Alto donde grupos organizados sembraron zozobra y amenazas con un denominado “bloqueo de las mil esquinas” y un peligroso cerco a unos 700 funcionarios que se encontraban dentro del edificio de la alcaldía.

La alcaldesa Eva Copa ha asociado la movilización con un mandato político para desestabilizar su gestión y ha acusado a Evo Morales de estar detrás de dirigentes vecinales y concejales que intentan sacarla. “Si quieren mi cabeza, vayan al revocatorio”, ha dicho en expresiones dramáticas después de escapar del cerco y buscar a sus hijos desesperadamente porque dijo haber recibido amenazas de que iban a quemar su casa.

El secretario de Gestión Institucional, Rudy Balladares, nombró al exministro Juan Ramón Quintana, y los dirigentes del MAS Wilma Alanoca, Fabiola Furuya, Juanito Angulo y Bertha Acarapi y dijo que ellos son operadores de Morales que están impulsando las movilizaciones para sacar a Copa de su puesto.

Los padres de familia que protagonizaron el bloqueo y el cerco demandan la construcción de escuelas, distribución de desayuno escolar en todas las unidades educativas, reposición del POA 2021-2022, bardas perimetrales, aulas nuevas, baños nuevos en buen estado en los colegios, y seguridad para los estudiantes ante los riesgos de robos y secuestros.

Pero, en realidad, por la manera agresiva como se llevó adelante la medida, todo indica que se trata de una acción política impulsada por el sector del MAS identificado con Evo Morales.

El jueves, la alcaldesa logró reunirse antes con padres de familia, pero la dirigencia radical que organiza la protesta reaccionó indignada al enterarse de esos encuentros y llevó a los bloqueadores a cercar el edificio municipal donde se encontraban madres gestantes, personas de la tercera edad y menores.

La alcaldesa denunció que la Policía no respondió a su pedido de auxilio para resguardar el edificio de la Alcaldía, porque recurrió al comandante regional de El Alto y al comandante de la Policía, pero no obtuvo resultado.

El caso de El Alto no es el único donde grupos afines al MAS asedian a autoridades locales y departamentales que no son del partido de Morales. En Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Beni hay movimientos políticos que disfrazan sus pasos con “demandas” para desestabilizar las gestiones de alcaldías y gobernaciones.

En Potosí han menudeado las protestas contra la gestión del alcalde Jhonny Llally, y ya se habla de revocatorio. Lo que la gente no parece advertir es que la mayoría de las protestas vienen de las denominadas juntas vecinales periurbanas, controladas por el MAS.

En Santa Cruz, la Gobernación enfrentó tres bloqueos en los últimos días por poblaciones claramente identificadas con ese partido. 

En La Paz, el alcalde Iván Arias también es asediado por campesinos de la subalcaldía de Hampaturi, y enfrenta además procesos judiciales y autoridades. Como prueba de que se trata de movidas políticas impulsadas por el MAS, está la denuncia penal que la Cancillería presentó en contra del alcalde Arias solo porque solicitó un pasaporte diplomático y no lo utilizó.

¿Quién está detrás de esas movilizaciones? Los mismos actores afectos lo han dicho: El MAS y Evo Morales, quien incluso está en una campaña contra el presidente Luis Arce y dos ministros. Se trata de sus intentos desesperados de recuperar el poder, incluso antes de que se convoque a nuevas elecciones presidenciales.