El pez murió por la boca y no fue precisamente un tambaquí, de esos que el “icticultor” Evo Morales dice criar en sus cocafundios del Trópico de Cochabamba. El pez murió por la boca cuando Morales confesó, jubiloso por la infame sentencia contra la ex presidenta Jeanine Áñez, que el proceso ante la justicia ordinaria había sido decidido desde El Chapare, bastión de la coca para cocaína según cifras de Naciones Unidas.

De esta forma, Evo develó que la máxima instancia del sistema judicial boliviano no está en la ciudad de Sucre sino en la cuna del Movimiento Al Socialismo. Se trata del Supremo Tribunal del Chapare, especie de soviet sindical-cocalero desde donde se instruyen los procesos persecutorios funcionales a la mentira histórica del “golpe de Estado”.

Los otros, los operadores de injusticia encaramados en los órganos del poder plurinacional, son simples delegados encargados de la ejecución de estos dictados. Claro que pueden ser quienes terminen pagando el precio de la infamia, si tenemos en cuenta que a nivel internacional se comienza a hablar de sanciones personales contra estos operadores. 

Mientras se discute una nueva ronda de sanciones contra la dictadura de Nicaragua, Bolivia también ha entrado en agenda, con el análisis de posibles medidas de corte diplomático y económico que afectarían el bolsillo y la movilidad internacional de los ejecutores de una aberración jurídica que no sólo va contra los derechos de Áñez, sino que sienta un precedente nefasto para una cacería de brujas de “golpistas”, como se intenta rebautizar a quienes hicieron resistencia contra el fraude.

Por otra parte, parece llegada una nueva hora para la movilización de las plataformas ciudadanas, que esta vez ya no será contra el prorroguismo de Evo Morales, sino por la transformación de los tribunales. Se necesita un 21-F por la reforma de la justicia. 

Existen proyectos de iniciativa ciudadana que pueden ser movilizadores, con la meta de un referéndum, y a los filtros meritocráticos que se propone incorporar para la selección de magistrados podría agregarse un componente descentralizador, para que los Tribunales Departamentales de Justicia salgan de las Asambleas Legislativas Departamentales, 2/3 mediante.

Será tarea ciudadana arrancarle el control de la justicia al Supremo Tribunal del Chapare. No será fácil, pero el precedente del 2016 indica que son posibles las victorias democráticas, aun contra todo el aparato clientelar y desinformativo manejado por el nivel central del Estado.