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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación sobre la reunión política del MAS y el Gobierno, en la que se habría acordado un juicio ordinario contra Jeanine Áñez y argumentó que quienes ejercieron la presidencia “al margen de cómo surgió su mandato” merecen un juicio de responsabilidades.
“Las señales de (una) posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase. (...) Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, escribió el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán.
El relator hizo referencia a la revelación del jefe del MAS, Evo Morales, sobre una reunión política con la presencia los actuales mandatarios, miembros de la bancada del MAS y del Pacto de Unidad, donde se habría allanado el camino del juicio ordinario contra Áñez.
La defensa de la exmandataria ya había declarado que la justicia de hace 40 años respetaba los derechos humanos de las personas y comparó que al dictador Luis García Meza se le siguió un juicio de responsabilidades a diferencia de su defendida que era sometida a un juicio por la vía ordinaria.
Mientras tanto, el embajador de la Unión Europea (UE) ante Bolivia, Michael Dóczy, se refirió a Áñez como “expresidenta interina” y anunció que espera el informe de evaluación del juicio por el caso golpe de Estado II, que emitirá la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
“Tomamos nota de la sentencia contra la expresidenta interina Áñez en primera instancia, con la que fue condenada a 10 años de prisión en el denominado caso ´Golpe de Estado II´. Estamos en estrecho contacto con la Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha observado el juicio, y estamos a la espera de su evaluación”, dijo el embajador en un breve contacto con EL DEBER.
El texto íntegro de la sentencia de 10 años de cárcel contra Áñez y los exjefes militares será leído por los jueces en esta jornada.
García-Sayán, quien visitó el país este año y se reunió con diferentes sectores, también observó la omisión de la justicia de analizar y pronunciarse sobre hechos graves como los de Sacaba y Senkata producidos luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia en noviembre de 2019.
Al respecto, el activista David Inca informó que los casos Senkata y Sacaba están paralizados por trámites judiciales que se están realizando en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en ninguno de estos figura como acusada o sindicada la expresidenta transitoria.
Los procesos por las muertes de Senkata y Sacaba se iniciaron en diciembre de 2019 poco después de que Áñez dejara su mandato y la Fiscalía abrió los casos de oficio y por esa razón no había acusados directos y rotuló el proceso, “contra los responsables”. Son dos años y seis meses de investigación abierta y no hay acusación formal.
En agosto de 2021 el Gobierno envió una consulta al TCP sobre si el mandato de Áñez fue constitucional, esa es la respuesta que esperan los impulsores del juicio para incluir a la exmandataria en este juicio.
Las declaraciones de los diplomáticos se dan luego que dos expresidentes de Estado y líderes políticos exigieran un pronunciamiento a los organismos internacionales sobre la sentencia contra la exmandataria y su papel pacificador en 2019.
El lunes, Carlos Mesa y Jorge ‘Tuto” Quiroga, demandaron a la UE, Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse sobre la sentencia de 10 años de cárcel para Áñez.
Mesa recordó que ambas instituciones, junto a la Iglesia católica, fueron promotoras de las reuniones previas para pacificar el país y buscar la recomposición del orden constitucional.
El año pasado, en una entrevista con France 24, el jefe de Estado Luis Arce acusó a la UE, a la Iglesia católica, al embajador de Brasil de ese entonces, y a la OEA de ser parte del presunto “golpe”.
En aquella oportunidad también acusó a los gobiernos del expresidente de Argentina, Mauricio Macri y de Ecuador, Lenin Moreno, de coadyuvar con armamentos y otros a la administración de Áñez para un presunto “golpe”.
Juicio nulo
El jefe de bancada de Comunidada Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, afirmó que la declaración del relator es un “jaque mate” al proceso y la condena “infames” por el supuesto golpe de Estado contra la exmandataria.
Carolina Ribera, la hija de la expresidenta, señaló que García-Sayán corrobora que la “verdad histórica” de los hechos corresponde que sea conocida mediante un juicio de responsabilidades y no un “ajuste de cuentas” a cargo de una cúpula política.
“Es una buena noticia para el caso de mi madre y para Bolivia, ya que se ve descubierta la injusticia a la que somos sometidos en el país por el poder político. El juicio es nulo”, aseveró a este medio.
Juicio contra políticos
Sobre el juicio anunciado del MAS contra los líderes políticos y cívicos, este medio pudo conocer que se pretende procesarlos a través de la ampliación de la imputación formal por el caso conocido como “Golpe I”, que fue interpuesto por la exdiputada Lidia Patty, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
En este proceso el principal imputado es el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, también se incluye a la expresidenta.
La información ofrecida por una fuente de la Fiscalía de La Paz señala que se amplió a cuatro personas, entre los que se encuentra Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y el abogado Eduardo León.
Al respecto el empresario y político Doria Medina, aseguró a EL DEBER que no existe ningún delito que juzgar y que no hay razón para iniciar un juicio contra los líderes opositores.
“Expresar ideas políticas y participar en manifestaciones no es un delito en democracia. Es lamentable la cantidad de energías que gasta el MAS en la persecución, energías que en cambio no tiene para resolver los complejos problemas que enfrenta el país ni para aumentar el empleo y los ingresos de las familias”, declaró.
Este medio intentó comunicarse con los otros aludidos, pero no respondieron. El MAS anunció que se reunirá el sábado 18 de junio para definir la estrategia de un nuevo juicio contra Áñez por el delito de genocidio y otro proceso contra los opositores.
El MAS dividido ataca al ‘vice’
Tras conocer la sentencia de Áñez, el MAS y el Gobierno se reunieron apresuradamente para convocar a la unidad y definieron nueve puntos para evitar descoordinación. Sin embargo, duró poco esta reconciliación y empezó el ataque al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, a quien acusan de crear otro partido y lo tildan de “traidor” por intentar “tumbar” el liderazgo de Evo Morales.
Gerardo García, segundo líder del MAS, anunció una reunión de emergencia el 22 de junio en Cochabamba para emitir un llamado de atención contra el ‘vice’.
